Santo Domingo. – El senado de la República y Cámara de Diputados, así como a los bloques legislativos de la segunda y tercera mayoría, fueron intimados mediante acto de alguacil, a los fines de investigar e interpelar a los funcionarios administrativos y del poder judicial que se identifiquen sean responsables de obstaculizar la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de los bienes al empresario canadiense Antonio Carbone.
Mediante acto ministerial No. 1203/2024 del alguacil Robinson E. González, del Tribunal Superior Administrativo, carbone emplaza y solicita a ambas cámaras legislativas en razón de que a la fecha y tras gestionar el retorno de su patrimonio ante el presidente de la República, la Procuraduría General, el Ministerio de Hacienda y ante el defensor del pueblo.
“En virtud de las estipulaciones del artículo 93, 93-Acp. c, y artículos 94 y 95 de la Constitución de la República” fue justificado dicho requerimiento a los parlamentarios.
La sentencia TC/0367/2021 indica en las motivaciones de los jueces del Tribunal Constitucional que “En adición, el artículo 190 del referido código dispone: Tan pronto se puede prescindir de ellos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso deben ser devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se obtuvieron”.
