Santo Domingo.- La transparencia es la piedra angular de cualquier democracia, es el derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con su dinero, cómo se toman las decisiones que les afectan y si sus funcionarios actúan con integridad.
En nuestro país, hace 20 años se creó la Ley 200-04, conocida como Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, precisamente para garantizar este derecho fundamental. Su objetivo es sencillo pero poderoso: abrir las puertas de las instituciones públicas y permitir que la luz del escrutinio público ilumine cada rincón de la gestión gubernamental.
Esta ley destaca en uno de sus considerandos, el derecho que tienen los ciudadanos a investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, el mismo, es un principio universal consagrado en varias convenciones internacionales, ratificadas por República Dominicana, razón por la cual, el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.
Desde que asumió el poder el presidente Luis Abinader, ha enarbolado la bandera de la transparencia y una firme postura contra la corrupción, instando a sus funcionarios a que sean responsables, cumplan con sus obligaciones y a respetar los principios de rendición de cuentas que rigen su gestión.
A pesar de la más reciente advertencia hecha en LA Semanal por el primer mandatario de la nación a sus funcionarios para que entreguen a los medios de comunicación cualquier información solicitada requerida en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y la ordenanza del Ministerio de la Presidencia, donde afirma que dará seguimiento a la entrega de datos y que en el caso de no cumplir con lo que establece la Ley, tomará otras medidas, ministros y directores de diferentes instituciones, desafían abiertamente la voluntad del presidente Abinader, y continúan negando y poniendo trabas para entregar información de calidad y en el momento oportuno.
Funcionarios como los ministros de Agricultura, Limber Cruz; de Educación, Ángel Hernández; el entonces ministro de Interior y Policía, Jesús –Chú- Vásquez; de Cultura, Milagros Germán; el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez; el contralor General de la República, Félix Santana García; Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, director del Gabinete de Política Social y Felipe Antonio (Fellito) Suberví, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), han sido los protagonistas más recientes de esta violación a la Ley 200-04.
Como grupo de medios informativo con el canal de televisión VTV, el portal digital www.panorama.com.do y el periódico impreso Panorama, ha sido afectado con la no entrega de datos que no violan el derecho a la intimidad de los funcionarios, y que se limitan a informaciones relevantes sobre sus competencias profesionales para el desempeño de sus funciones públicas y están amparada por la mencionada Ley 200-04.
Por esa razón, el pasado mes de mayo, fueron sometidos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el Grupo de Medios Panorama, los ministerios de Cultura, Agricultura y el CEA, por no entregar dentro del plazo que establece la referida ley, informaciones relacionadas con los procesos de compras públicas y la ejecución presupuestaria del año 2023.
En fecha 05 de junio de este año, amparándonos en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, se hizo una nueva solicitud a los Ministerios de Agricultura, de Educación, de Interior y Policía, la Contraloría General de la República, el Gabinete de Política Social y la Caasd, a pesar de que algunas de estas entidades se acogieron a la extensión del plazo que permite la Ley, continúan poniendo trabas a la entrega de la información solicitada.
Ante la mirada indiferente y falsa lucha por la transparencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Grupo de Medios Panorama ha presentado una denuncia formal ante su directora Milagros Ortiz Bosch, debido a la falta de respuesta de varias instituciones públicas a las que les solicitamos información detallada de los asesores contratados y fijos dentro de las mismas, así como también el salario que devengan, curriculum y que por la falta de respuesta tuvimos que notificar y ponerlas en mora, vía acto de alguacil.
Lo que más llama la atención de esta falta de cumplimiento de la Ley 200-04 por las instituciones, es que no se refleja en las calificaciones de transparencia otorgadas por la DIGEIG, que cuestiona la efectividad del índice de transparencia como una herramienta para medir la rendición de cuentas de las instituciones públicas.
Organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos de oposición han manifestado su preocupación ante este desafío a la autoridad presidencial, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Para Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), con esa actitud de algunos funcionarios no solamente se está violentando la Ley de Libre Acceso a la Información.
“Es que aquí también con esa negativa se atenta contra el derecho a la información, a la libertad de expresión”.
“Lo que más sorprende, es que, habiéndose el presidente preocupado por esa situación, nada, las cosas siguen como si el presidente no se hubiese pronunciado en ese sentido. O sea, todo el que va a la administración tiene que estar consciente de que está sometido a una serie de reglas, y una de esas reglas es precisamente el de dar la información cuando se le solicita”.
Por lo que aseguró, que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental debe de ya asumir con mayor rigor el rol que ha venido jugando.
El presidente de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo que penosamente el cumplimiento de la Ley 200-04 se ha quedado única y exclusivamente en una aspiración, a pesar de que pudo convertirse en la principal herramienta de transparencia de la administración pública.
“La Ley establece que todas las informaciones públicas deben estar colgadas en los portales de las instituciones y que si por una razón u otra se omite una información pues se debe proceder a lo que sería entonces la solicitud, pero esto no se hace, ni se coloca en el portal, pero mucho menos se le da la información al solicitante porque se le da incompleta o una información sin ninguna calidad verificable con lo que realmente ha ejecutado la institución y eso es parte de lo que se debería mejorar, que realmente la información que se solicita esté en consonancia con lo que se está buscando”, precisa.
Cree que se debe enviar un mensaje y someter penalmente a algunos funcionarios que no suministran la información.
De Panorama
