Santo Domingo. -El reconocido bachatero Raulín Rodríguez también había solicitado formalmente a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en 2021 que investigue a la Sociedad Dominicana de Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie) y a la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) por la desaparición de una considerable suma de dinero correspondiente a sus derechos de autor.
Según la denuncia presentada el 28 de enero de 2025 por la oficina del abogado Pedro Feliz Montes De Oca, la recaudadora estadounidense SoundExchange ha confirmado el envío de pagos a través de AIE, quien a su vez transfiere los fondos a Sodaie. Sin embargo, aunque Sodaie ha realizado algunos pagos, persiste una cantidad significativa que no ha sido reportada ni entregada al artista.
“No buscamos conflicto; solo queremos que nos reporten y paguen lo que nos corresponde”, expresó Raulín Rodríguez. “Es deber de Sodaie defender a los artistas nacionales frente a las sociedades internacionales con las que tiene acuerdos de reciprocidad, especialmente cuando los fondos recibidos no coinciden con lo reportado, como ha sucedido en nuestro caso”, añadió.
La denuncia también destaca que, a pesar de los pagos realizados por Sodaie, existe una suma considerable que no se sabe dónde está y que no se corresponde con los reportes de SoundExchange.
La ONDA, encabezada por el licenciado José Rubén Gonell, ha sido instada a utilizar sus herramientas legales para esclarecer esta situación y garantizar que los derechos de los artistas sean respetados.
Pochy Familia, actual presidente de la Sociedad Dominicana de Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), ha sido objeto de cuestionamientos públicos por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión. Diversas voces del ámbito artístico y legal han señalado su presunta vinculación con manejos poco transparentes dentro de Sodaie, incluyendo conflictos relacionados con la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM). Estos señalamientos han reavivado el debate sobre la necesidad de una mayor fiscalización y rendición de cuentas en las entidades encargadas de gestionar los derechos de los intérpretes y ejecutantes del país.
