EDITORIAL | ¿A dónde fueron a parar en RD los miles de millones en sobornos de Odebrecht?

En diciembre de 2016, como un macabro “regalo” de Navidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapó uno de los mayores escándalos de corrupción transnacional de la historia moderna: la brasileña Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, admitió haber pagado US$92 millones en sobornos en la República Dominicana para asegurarse contratos de obras públicas entre 2001 y 2014. Esa cifra colocó a nuestro país como el tercer mercado más sobornado fuera de Brasil y Venezuela en el entramado corrupto descubierto por la investigación Lava Jato.

No se trató de un rumor. Fue una confesión formal, registrada ante autoridades estadounidenses, que reveló pagos millonarios destinados a influir en la adjudicación de proyectos estratégicos. La República Dominicana no fue una excepción en la lista de 12 países donde Odebrecht corrompió funcionarios, intermediarios y redes de poder para lucrarse con obras públicas.

Ante esa confesión, el Estado dominicano negoció un acuerdo de lenidad por el cual Odebrecht se comprometió a pagar US$184 millones, el doble de lo admitido en sobornos, como compensación al país conforme a la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

Y aquí comienza el drama nacional: después de ocho años y decenas de millones admitidos en sobornos, nadie sabe con precisión dónde fueron a parar esos US$92 millones. Más aún, el proceso judicial local terminó en agosto de 2024 con la absolución en la Suprema Corte de Justicia de los dos principales encausados, lo que dejó el caso sin culpables identificados y sin responsables sentenciados por recibir los millones que Odebrecht confesó haber pagado.

De hecho, las investigaciones mostraron que la mayoría de los pagos fueron entregados a intermediarios, como el empresario Ángel Rondón, actuando como enlace entre Odebrecht y altos funcionarios dominicanos; pero no se logró identificar públicamente ni sancionar a los beneficiarios finales de esos fondos dentro del Estado o el Congreso.

Mientras tanto, la realidad es todavía más dolorosa: el resarcimiento de US$184 millones sigue pendiente, con Odebrecht intentando tratar la deuda como un pasivo común en su proceso de reestructuración financiera tras enfrentar crisis global y procesos de quiebra, y con pagos que no han seguido el cronograma pactado originalmente.

No es un detalle menor. Es la evidencia de un Estado que admite sobornos gigantescos en su sistema de contratación pública, negocia compensaciones, pero no logra ni esclarecer el destino de esos fondos ni sancionar efectivamente a quienes los recibieron. Esa es una herida abierta en la credibilidad de nuestras instituciones.

La sociedad dominicana exigía justicia, transparencia y respuestas. En cambio, recibió acuerdos confidenciales, procesos dilatados y tribunales que no lograron vincular responsabilidades claras y sanciones proporcionales al tamaño del escándalo.

Hoy la pregunta no es solo cuánto se pagó en sobornos, sino a quiénes benefició ese dinero, quién salió beneficiado y por qué, al final, los culpables no fueron identificados ni sancionados de forma definitiva. Ese es el verdadero “misterio” de los millones de Odebrecht en República Dominicana, el agujero negro de la corrupción que el país todavía no ha aclarado.

La impunidad cobra y nosotros la pagamos.