EDITORIAL | Dos pactos: un escudo para la libertad de expresión que obliga al Tribunal Constitucional

Por: Porfirio López Nieto

La República Dominicana no le debe su libertad de expresión a la generosidad de ningún gobierno: se la debe a dos tratados que se obligó a ratificar. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, ONU, 1966) rige desde abril de 1978 y proclama, en su artículo 19, que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, OEA, 1969), en vigor desde julio de 1978, conocida como Pacto de
San José, recoge en su artículo 13: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión” y garantiza “difundir informaciones e ideas de toda índole”. Ese compromiso lo asumió el país bajo el excelso estadista Joaquín Balaguer: a él, nuestra gratitud.

Por tratarse de derechos fundamentales, el artículo 74.3 de la Constitución los adopta íntegramente: tienen jerarquía constitucional y aplicación directa e inmediata. Ambos admiten restricciones, pero bajo una regla que no se invierte: la libertad es la norma; la limitación, la excepción.

San José va más lejos. Prohíbe la censura previa: solo caben “responsabilidades ulteriores” fijadas por ley. Y veta restringir la expresión “por vías o medios indirectos”, como el abuso de controles sobre medios y redes. Ahí caben la publicidad estatal como premio o castigo, las licencias usadas como mecanismo de subordinación y el silencio administrativo convertido en mordaza.

El Estado no puede impedir que una información se difunda; eso sería censura previa, prohibida. Pero si, al difundirla, se comete un abuso (por ejemplo, difamar a alguien), la persona puede responder por ello después, y únicamente cuando una ley lo establece expresamente.

Nótese que la Observación 34 del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/GC/34, párr. 38) afirma que “los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política”.

Tomen nota, funcionarios, congresistas y jueces: criticar al poder no es delito; silenciar la crítica sí puede constituir una grave y deliberada violación. La palabra libre se exigirá cada día; y sepan que el pueblo juzgará su sentencia.

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