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RESUMEN
La decisión de la Suprema Corte de Justicia, a través de su Segunda Sala, de rechazar los recursos de casación interpuestos por dos condenados en el fraude del sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo de 2021 y confirmar la absolución del exdirector Luis Maisichell Dicent, cierra un capítulo judicial, pero no borra el daño institucional, moral y social que este escándalo provocó en la República Dominicana.
Porque una cosa es la absolución en los tribunales, y otra muy distinta es la absolución ante la conciencia pública.
Aquel sorteo manipulado —transmitido en cadena nacional— no fue un simple error administrativo. Fue un golpe directo a la confianza ciudadana, un símbolo de cómo una institución creada para generar recursos sociales terminó asociada al engaño, la burla y la sospecha. La imagen de la Lotería Nacional quedó marcada; la fe del pueblo, lesionada.
La alta corte ratificó el descargo emitido por una corte de apelación y rechazó la pretensión del Ministerio Público de anular la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de marzo de 2023. Es el desenlace legal. Pero la pregunta incómoda persiste:
¿Quién responde por el descrédito? ¿Quién repara el daño a la institucionalidad? ¿Quién devuelve la confianza perdida?
En un país que lucha por fortalecer la transparencia, la ética pública y la rendición de cuentas, este caso deja una lección amarga: cuando un escándalo de esta magnitud ocurre en el corazón del Estado, aunque no haya condena penal para todos los involucrados, el perjuicio colectivo es real y duradero.
La absolución de Dicent no reescribe la historia ni borra el impacto devastador que aquel fraude causó en la percepción de millones de dominicanos. La justicia penal puede cerrar expedientes; la justicia moral no.
Hoy, la Lotería Nacional sigue pagando el precio de un episodio que la colocó en el banquillo del descrédito. Y el Estado, en su conjunto, queda con la obligación pendiente de reconstruir la confianza, fortalecer los controles y enviar un mensaje claro: nunca más.
Porque cuando la impunidad se confunde con inocencia, la democracia se debilita.
Y cuando el daño institucional no se reconoce, la herida sigue abierta
