La libertad de expresión y la difusión del pensamiento son pilares esenciales de toda democracia funcional. En la República Dominicana, estos derechos están consagrados en la Constitución, específicamente en su artículo 49, que reconoce a toda persona la libertad de expresar sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin censura previa. Sin embargo, la realidad muestra es que este principio, aunque garantizado jurídicamente, enfrenta desafíos significativos en la práctica.
En los últimos años, se han registrado casos preocupantes de intimidación hacia periodistas y medios de prensa, con demandas judiciales por difamación e injuria con fines de silenciamiento, y presión política sobre medios de comunicación independientes. Si bien es cierto que el país no vive bajo un régimen autoritario, los mecanismos informales de control –como el acoso digital, la publicidad estatal selectiva o las amenazas veladas– afectan directamente la libertad de prensa y la circulación libre de ideas.
En este contexto, es imprescindible recordar que la libertad de expresión no solo protege las opiniones favorables o populares, sino también aquellas críticas, incómodas o impopulares. En una sociedad verdaderamente democrática, que debe estar dispuesta a escuchar todas las voces, incluso las que desafían al poder o rompen con las narrativas dominantes.
El papel de los medios de comunicación es igualmente crucial. Su compromiso debe ser con la verdad, la investigación rigurosa y el interés público. Pero para cumplir esa misión, necesitan un entorno seguro y libre de presiones indebidas. Por eso, el Estado dominicano y sus instituciones tienen la responsabilidad de garantizar no solo el marco legal adecuado, sino también las condiciones materiales para que la prensa y los ciudadanos ejerzan su derecho a expresarse sin temor.
Defender la libertad de expresión no es un capricho; es una necesidad. En tiempos donde la desinformación abunda y el discurso público se polariza, proteger este derecho significa y apostar por una ciudadanía más crítica, más informada y más participativa. La República Dominicana tiene el reto —y la oportunidad— de fortalecer su democracia a través de la protección activa del pensamiento libre.