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RESUMEN
Santo Domingo. – La Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) llevó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por posibles visos de corrupción a siete funcionarios que dieron la no objeción para facilitar la ejecución de esa obra.
Se trata de los miembros de la Comisión Aeroportuaria Johann Estrada Pelletier, Francisco Bolívar León Paulino, Julio César Mejía Alcántara, Félix Alejandro Rosa Martínez, Juan Ramón Cabrera Santana, Fredy Antonio Ruiz Lara y Julio César Rodríguez Alcántara, todos intimados a través de acto de alguacil el pasado lunes 3 de julio, siendo el abogado especial apoderado de este caso el doctor Miguel E. Valerio Jiminián y acusados ante la Procuraduría contra la Corrupción Administrativa por haber aprobado irregularmente la resolución 6796 sobre no objeción del proyecto.
Según la denuncia de la Corporación Aeroportuaria del Este, Estrada Pelletier, parte del grupo de los siete en la denuncia depositada en la PEPCA instruyó a Francisco Bolívar León Paulino para que gestionara la aprobación del proyecto ante la Comisión de la Dirección de Navegación, por lo que está acusado de haberse convertido “en juez y parte del referido proyecto”.
Así mismo, agrega la denuncia que “Bolívar León Paulino cumplió el mandato de Pelletier y remitió el proyecto a los miembros de la Comisión de la Dirección de Navegación del IDAC, que lo aprobaron “en tiempo récord de tres días”.
La denuncia contra los funcionarios surge nuevamente tras la declaratoria del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) que calificó ese proyecto de “lesivo al interés público”, basándose en que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, lo cual justifica su nulidad”.
El grupo que llevaba a cabo la construcción del aeropuerto de bávaro había realizado una serie de desmentidos a través de los medios justificando el proceso y la autorización para el desarrollo del proyecto, sus promotores se encontraron con la resolución de la nueva gestión del IDAC que tras estudiar a fondo toda la documentación existente encontró irregularidades tales como “insuficiencia de estudios que garanticen tanto la seguridad operativa del aeropuerto como su conformidad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales”.
Ha llamado la atención de distintos sectores es que el proyecto aeroportuario en Bávaro terminó de forma rápida con el proceso aprobatorio y las concesiones fiscales aprobadas por el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR).
También ha llamado la atención el cúmulo de detalles técnicos formulados por geólogos, grupos medioambientales y conservacionistas que advertían de los efectos negativos que sufriría el país de aprobarse una obra carente de condiciones elementales estipuladas en los manuales de requerimientos para estos casos.
