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RESUMEN
SANTO DOMINGO.– La aplicación efectiva del Decreto 615-26, que declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al denominado “terrorismo medioambiental”, generó respaldo y advertencias entre legisladores del Congreso Nacional, quienes consideran que la disposición debe traducirse en acciones concretas contra quienes depredan los recursos naturales.
El senador Antonio Marte manifestó su respaldo a la decisión adoptada por el presidente Luis Abinader, pero advirtió que la medida perderá su propósito si las autoridades no actúan con firmeza frente a las personas y grupos responsables de destruir bosques, contaminar o afectar ríos y desarrollar actividades que deterioren el patrimonio natural dominicano.
Marte consideró necesario que las instituciones responsables de hacer cumplir la disposición pasen de las advertencias a las acciones y que las consecuencias alcancen a todos aquellos que incurran en prácticas que representen una amenaza para los ecosistemas.
El legislador insistió en que no basta con la emisión de un decreto si posteriormente no existe vigilancia, persecución y aplicación efectiva de las leyes contra los responsables de la depredación ambiental.
La posición de Marte coincide con las inquietudes expresadas por otros congresistas, quienes valoraron la iniciativa gubernamental, pero esperan que la declaratoria no se convierta simplemente en una disposición escrita sin consecuencias prácticas.
El Decreto 615-26 contempla una protección especial para recursos y activos ambientales estratégicos, entre ellos áreas protegidas, cuencas hidrográficas, acuíferos, reservas de agua, manglares, humedales, arrecifes coralinos, bosques, presas, embalses, acueductos y plantas de tratamiento.
La discusión en el Congreso se produce después de que Abinader advirtiera que el Gobierno actuará contra quienes provoquen graves daños a los parques nacionales y otros recursos naturales, independientemente de la nacionalidad de los responsables.
Para los legisladores, el principal desafío comenzará ahora con la ejecución de las medidas y la capacidad de las instituciones para identificar, investigar y llevar ante la Justicia a quienes incurran en acciones contra el patrimonio ambiental del país.
