Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN
Dajabón.- Un joven que se dedica a la venta de servicios de internet, fue detenido bajo la acusación de presuntamente violar la ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
Familiares de José Manuel Peralta y diferentes sectores de los municipios de Capotillo y Loma de Cabrera, han denunciado que la orden provino directamente de la gobernadora Severina Gil, quien junto a su esposo Miguel Ángel Rodríguez, también lideran una empresa en el mismo sector; por lo que presumen que la detención responde a una supuesta competencia desleal y abuso de poder, según denunció la abogada de Peralta, la licenciada Mídalma Díaz.
Según expresaron líderes comunitarios no existen pruebas claras que respalden las acusaciones por las cuales Peralta se encuentre detenido, calificado la medida como un abuso de poder por parte de la representante del poder ejecutivo, debido a que el joven emprendedor posee las documentaciones legales correspondientes y exigidas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por este caso, argumentando que la detención podría estar motivada por conflictos de intereses.
“Es alarmante que una figura pública utilice su posición para intervenir en actividades comerciales, esto pone en duda la imparcialidad de las autoridades locales”. Señaló uno de los denunciantes, quien representa un colectivo de organizaciones de los derechos humanos en la región fronteriza.
El joven permanece bajo custodia, en el departamento de la Policía Nacional en esta ciudad, mientras que la abogada del joven Miralma Díaz, asegura que presentarán las evidencias necesarias para demostrar su inocencia.
Por el momento la gobernadora de Dajabón y ex Diputada Severina Gil, se niega a ofrecer declaraciones al respecto y según informes llegados a este medio, no contesta las llamadas de compañeros y políticos que han estado interviniendo en el caso.
Este incidente pone de manifiesto la necesidad de reforzar las normativas sobre conflictos de intereses en la República Dominicana, así como de garantizar la justicia en casos que involucren posibles abusos de poder.
