Santo Domingo. – El Ministerio Público puso en marcha este sábado la Operación Begonias, una acción coordinada que incluyó múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo y que permitió el rescate de más de 40 mujeres víctimas de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual.
La operación es el resultado de una amplia investigación desarrollada durante varios meses por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), en coordinación con la Fiscalía de Santo Domingo Este y con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y la Policía Nacional.
Durante los allanamientos, el equipo de fiscales ocupó dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, drogas narcóticas, cuadernos de anotaciones, así como varios inmuebles utilizados por la red, entre ellos una edificación de varios niveles.
Un total de ocho personas —cuatro hombres y cuatro mujeres, de nacionalidades colombiana y dominicana— fueron arrestadas y serán sometidas a la justicia en las próximas horas, según adelantaron las autoridades.
“Estas operaciones, que son antecedidas por un amplio trabajo de inteligencia, responden al compromiso de esta gestión con el combate al crimen transnacional”, afirmó Yoanna Bejarán Álvarez, procuradora de corte y titular de la PETT.
De acuerdo con la investigación, los imputados captaban mujeres en Colombia ofreciéndoles empleos como camareras o bartenders en hoteles de República Dominicana. Una vez en el país, les retenían sus documentos y las amenazaban con hacer daño a sus familiares si no accedían a trabajar bajo condiciones de explotación. Además, las presionaban con una supuesta deuda de entre 3,500 y 4,000 dólares, que debían pagar para “liberarse”.
La Operación Begonias movilizó a 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional, técnicos en investigación y especialistas en atención a víctimas. Contó también con el respaldo internacional del Anti Trafficking Bureau (ATB) y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir desarticulando redes criminales dedicadas a la trata y explotación de personas, especialmente de mujeres jóvenes y extranjeras, muchas de las cuales llegan al país engañadas con falsas promesas laborales.
