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RESUMEN
SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso este martes el archivo definitivo de la querella por presunta difamación e injuria presentada por el abogado Carlos Balcácer contra la procuradora adjunta y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, luego de acoger el desistimiento formal de la acción interpuesto por el propio querellante.
La decisión pone fin al proceso judicial que se ventilaba ante la alta corte, al considerar que el retiro voluntario de la querella dejó el expediente sin objeto jurídico para continuar con su conocimiento.
El fallo fue emitido por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrada por los jueces Frank Soto y Yorlin Vásquez Castro, quienes acogieron la solicitud presentada por la defensa del abogado Balcácer.
Con esta decisión, el tribunal ordenó el archivo definitivo del expediente, cerrando formalmente el caso que había sido iniciado a raíz de una querella por presuntos delitos de difamación e injuria contra la titular de la Pepca.
Aunque el tribunal no entró a conocer el fondo de las acusaciones, el desistimiento del querellante produjo la extinción del proceso, conforme a las disposiciones legales aplicables a este tipo de acciones privadas.
El caso había generado atención pública debido a que involucraba a la principal representante de la Pepca, organismo del Ministerio Público encargado de investigar y perseguir los casos de corrupción administrativa de mayor relevancia en el país.
Con el archivo definitivo dispuesto por la Suprema Corte, tanto las partes involucradas como el Ministerio Público quedan desligados de este proceso, quedando sin efecto la querella presentada por Balcácer.
La decisión representa el cierre definitivo de un litigio que había captado la atención del ámbito jurídico y de la opinión pública, en momentos en que la Pepca mantiene abiertas varias investigaciones de alto perfil relacionadas con presuntos actos de corrupción administrativa.
