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MP destapa pagos millonarios de SeNaSa por cirugías y tratamientos incluso a pacientes fallecidos


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SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público afirmó este lunes, en su expediente de solicitud de medida de coerción, que los imputados en el entramado de corrupción administrativa y lavado de activos que habría operado dentro del Servicio Nacional de Salud (SeNaSa) ejecutaron un esquema para incrementar de manera fraudulenta la facturación de servicios médicos, mediante prácticas que incluían sobretratamientos y procedimientos inexistentes.

Según la acusación, la red elevó artificialmente los costos al sistema mediante la manipulación de tratamientos oncológicos, incrementando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia por encima de lo médicamente justificado. El expediente también detalla la colocación de stents coronarios innecesarios en pacientes cardiovasculares, así como la realización de procedimientos quirúrgicos en la piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de dimensiones irreales que no podían ser comprobadas.

El Ministerio Público señala además que se facturaron endoscopías digestivas altas y colonoscopías a pacientes que no presentaban riesgos ni sintomatología que justificara dichos procedimientos. La acusación agrega que el esquema alcanzó incluso la facturación de servicios de hemodiálisis atribuidos a personas fallecidas, lo que, según las autoridades, evidencia la magnitud de la maniobra fraudulenta.

La investigación sostiene que estas prácticas formaban parte de un mecanismo deliberado para inflar costos y generar pagos millonarios, en perjuicio directo del Estado y de los fondos destinados a la seguridad social. El Ministerio Público asegura que estos hallazgos se integran a la estructura más amplia del supuesto desfalco y lavado de activos que atribuye a los imputados.

El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y los otros implicados en el presunto entramado de corrupción desmantelado mediante la denominada “Operación Cobra”, contra quienes el órgano acusador está pidiendo 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

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