Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN
En un Estado que se proclama democrático y comprometido con la transparencia, resulta alarmante que una investigación sobre la gestión de Magín —que involucra a un exfuncionario peledeísta y presuntos sobornos— termine rodeada de sombras, presiones y maniobras que despiertan más preguntas que respuestas.
Lo verdaderamente grave no es solo la investigación en sí, sino que un posible investigado, con rango de ministro de Finanzas, pretenda utilizar su posición de poder para solicitar claves, códigos y accesos a un proceso que, por su naturaleza, debe ser independiente, reservado y blindado contra interferencias.
¿Desde cuándo un funcionario bajo cuestionamiento tiene derecho a exigir acceso a información sensible?
¿A título de qué se intenta penetrar un proceso que debe estar regido por la legalidad y no por jerarquías políticas o administrativas?
Este tipo de acciones no solo vician cualquier investigación, sino que envían un mensaje peligroso al país: que el poder aún pretende colocarse por encima de la ley. Que todavía hay quienes creen que los cargos públicos son llaves maestras para abrir expedientes, borrar huellas o torcer voluntades.
La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni cosmética. Si un funcionario —sea quien sea y venga de donde venga— intenta interferir en una investigación que lo involucra, eso constituye una señal de alerta mayor, que amerita una respuesta firme de los órganos competentes.
En la República Dominicana no puede haber intocables, ni ayer ni hoy.
La transparencia no se negocia, se impone.
Y la justicia no puede permitir que el investigado quiera convertirse en supervisor del investigador.
En Sin Cortapisa lo decimos claro: cuando el poder pide claves, lo que busca no es transparencia, sino control. Y ahí es donde el país debe abrir bien los ojos.
