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RESUMEN
La historia del caso Odebrecht en la República Dominicana vuelve a estremecer el debate nacional. Tras su descarga definitiva, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa han anunciado que demandarán al Estado dominicano y que también accionarán patrimonialmente contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.
La frase que retumba en el país no es jurídica, es moral: “Aquí debe existir régimen de consecuencia. La justicia tiene que cambiar”. Y la pregunta es inevitable:
¿Debe haber responsabilidad cuando un proceso dura diez años y termina sin condena?
El peso de diez años
Diez años no son un simple expediente en archivo. Son reputaciones, carreras políticas, familias, patrimonio, desgaste psicológico y exposición pública permanente. Cuando el sistema activa todo su poder punitivo y al final no logra condena, el país tiene derecho a preguntarse:
- ¿Hubo exceso?
- ¿Hubo errores?
- ¿Hubo improvisación?
- ¿Hubo persecución desproporcionada?
- ¿O simplemente no se pudo probar lo que se acusó?
El debate no puede reducirse a simpatías políticas. Aquí se discute algo más profundo: la responsabilidad del Estado cuando ejerce el poder penal.
¿Responsabilidad estatal o riesgo del proceso?
En democracia, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y acusar cuando entiende que hay indicios. Pero también tiene el deber de actuar con rigor técnico, prudencia procesal y responsabilidad institucional.
Si después de casi una década el resultado es descarga definitiva, el país debe evaluar si el sistema está funcionando correctamente o si algo estructuralmente está fallando. Demandar al Estado no es un hecho menor.
Demandar patrimonialmente a un exprocurador es aún más delicado.
Eso abre una nueva etapa en la justicia dominicana:
La de examinar no solo al imputado, sino también al acusador. No es dinero, es precedente
Según han afirmado los accionantes, no buscan dinero. Buscan un precedente. Buscan que exista “régimen de consecuencia”. La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria:
Si un ciudadano pasa nueve años sometido a un proceso penal y termina sin condena, ¿debe el Estado asumir algún tipo de responsabilidad institucional? Y si hubo errores graves, ¿deben responder personalmente quienes los cometieron?
La justicia que el país necesita
La República Dominicana necesita una justicia firme contra la corrupción, pero también necesita una justicia precisa, equilibrada y técnicamente sólida. Ni impunidad para los culpables.
Ni procesos interminables sin resultados concluyentes.
La justicia no puede ser espectáculo.
La justicia no puede ser política.
La justicia no puede ser eterna. El caso Odebrecht no termina con descargos ni con demandas. Termina cuando el país logre construir un sistema donde acusar no sea improvisar, y donde absolver no sea fracaso.
Porque en una democracia madura,
cuando el poder acusa y no prueba, también debe rendir cuentas.
