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RESUMEN
Santo Domingo, RD. — La indignación vuelve a encender el debate nacional sobre el sistema judicial dominicano, luego de que ciudadanos y diversos sectores cuestionaran lo que califican como una preocupante disparidad en la aplicación de la justicia.
“¿Esa es la justicia que tenemos en República Dominicana?”, es la pregunta que resuena con fuerza en la opinión pública tras la condena de cinco años impuesta a Elizabeth Silverio, mientras según denuncias no se ha producido ningún tipo de procesamiento judicial contra Yomaira Medina, conocida como “la de la mochila azul”, pese a los múltiples señalamientos que la vinculan a presuntos escándalos de corrupción durante la gestión de su hermano, el expresidente Danilo Medina Sánchez.
Las críticas apuntan a una justicia que, según sectores consultados, actúa con firmeza en algunos casos, pero muestra una alarmante pasividad en otros, especialmente cuando se trata de figuras con vínculos políticos o de poder.
Este escenario ha generado un fuerte malestar en la población, que percibe un sistema judicial desigual, donde no todos los ciudadanos son medidos con la misma vara. Para muchos, esta situación debilita la confianza en las instituciones y envía un mensaje peligroso: que la justicia puede ser influenciada o aplicada de manera selectiva.
Analistas advierten que mientras no exista un régimen de consecuencias claro, transparente y sin privilegios, será difícil avanzar hacia un verdadero Estado de derecho. La equidad ante la ley no debe ser un discurso, sino una práctica firme e inquebrantable.
En un país que lucha por fortalecer su institucionalidad, casos como este reavivan el reclamo ciudadano de una justicia independiente, imparcial y ajena a intereses políticos o personales.
Porque sin justicia equitativa, no hay democracia sólida ni futuro confiable.

