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RESUMEN
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su rechazo al modelo planteado por el Gobierno para la instalación de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, al considerar que podría provocar el desplazamiento de miles de comerciantes tradicionales, aumentar la pobreza en la zona y concentrar el comercio en manos de grandes operadores económicos.
La posición fue presentada por el exsenador Yván Lorenzo, quien leyó un documento en nombre del PLD cuestionando el Decreto 166-26, emitido por el Poder Ejecutivo para declarar de alto interés nacional la construcción y operación de puertos secos en la frontera.
Lorenzo afirmó que el comercio domínico-haitiano ha sido sostenido históricamente por pequeños y medianos comerciantes fronterizos y no por grandes corporaciones económicas.
“Yo pienso que se debió iniciar con una discusión y el consenso con los más de 13 mil comerciantes dominicanos fronterizos que han sido guardianes de la soberanía nacional y que han mantenido el comercio en la frontera”, expresó al ser preguntado por la prensa.
Asimismo, cuestionó que el decreto no contemple la Ley 216-11, normativa que regula el comercio domínico-haitiano en la frontera.
“Cuando nosotros examinamos ese decreto, ni siquiera las motivaciones en los considerandos hacen referencia a la Ley 216 del año 2011. Lo que quiere decir que subjetivamente obviaron esa ley y parecería que quieren abolir esa ley con un decreto, que en virtud de la jerarquía de las leyes no es posible”, sostuvo.
El dirigente peledeísta también advirtió que el modelo podría facilitar la concentración comercial y el ingreso irregular de mercancías extranjeras al mercado dominicano.
“Es evidente que el decreto que emitió el Presidente de la República en marzo quiere privilegiar a una élite empresarial haitiana que pulula en la República Dominicana con socios incrustados en el partido de gobierno. Ciertamente es la privatización del comercio en la frontera”, declaró.
Durante el encuentro con la prensa, el vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, aseguró que el proyecto representa “la desaparición de lo que realmente ha desarrollado ese mercado binacional”.
Montás sostuvo que el eventual desplazamiento de comerciantes fronterizos tendría graves consecuencias sociales y económicas para el país.
“Al final de cuentas, eso lo que significa es que esos comerciantes primero desaparecen y muchos de ellos se verán obligados a emigrar a las ciudades. Y si vienen a emigrar a las ciudades, lo que van a terminar es viviendo en los cordones de miseria que hay en este país”, manifestó.
El dirigente político también alertó sobre posibles efectos negativos para la producción nacional y el sistema tributario.
“Al final vienen sin pagar impuestos y eso va a terminar generando problemas sobre los productores agropecuarios en la República Dominicana”, afirmó.
Montás destacó además la importancia económica del intercambio comercial con Haití, señalando que el comercio binacional representa alrededor de US$1,300 millones anuales en exportaciones dominicanas.
“Es el único país con el que la República Dominicana tiene superávit comercial, porque lo que Haití exporta a la República Dominicana no llega a 250 millones de dólares. Entonces, ese es un mercado que hay que protegerlo”, indicó.
De su lado, la vicepresidenta del PLD y candidata a la vicepresidencia de la República, Zoraima Cuello, criticó que el Gobierno impulsara el proyecto sin presentar estudios técnicos que sustenten su viabilidad económica y social.
“Aquí hay tres grandes elementos fundamentales. El primero es que, al igual que la mayoría de los proyectos del gobierno, no se ha presentado un estudio de factibilidad ni un estudio de impacto económico y social de estos puertos secos”, indicó.
Cuello afirmó que el decreto evidencia un posible desplazamiento de comerciantes y actividades económicas en la frontera, situación que —a su juicio— podría afectar incluso la seguridad territorial.
“Se está atentando contra la misma seguridad de la frontera, porque un desplazamiento de los comerciantes y de las actividades económicas va a llevar esa zona a la pobreza”, señaló.
Agregó que una eventual migración masiva de residentes fronterizos dejaría despobladas importantes áreas limítrofes.
“Ese desplazamiento natural de las personas que viven en ese territorio va a dejar acéfala esa zona, que será muy probablemente invadida por nacionales de la vecina nación de Haití”, advirtió.
La dirigente también cuestionó que el decreto no contemple la integración de los puestos interagenciales construidos durante la gestión del expresidente Danilo Medina para reforzar el control fronterizo.
“Al día de hoy, seis años después, ese puesto interagencial se mantiene clausurado, no está operando. Entonces viene la pregunta de por qué no se ha incluido en el decreto la articulación con esos puestos interagenciales de control migratorio, fronterizo y sanitario”, sostuvo.
Finamente, los peledeístas aclararon que no se opone a la modernización de la frontera, pero insistieron en que cualquier reforma debe garantizar la inclusión de los comerciantes tradicionales, fortalecer los controles contra el contrabando y priorizar el desarrollo económico de las comunidades fronterizas.
