EDITORIAL| ¿Presidente Abinader, qué mensaje envía un funcionario cuando desacredita al Gobierno suyo?

Las declaraciones de un funcionario público nunca deben tomarse a la ligera, porque sus palabras trascienden el plano personal y terminan proyectando la imagen de la institución y del gobierno al que representa.

Resulta, por tanto, llamativo que Elías Báez haya protagonizado una controversia al cuestionar a la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, luego de que esta expresara una opinión relacionada con la libertad de expresión, un principio esencial en toda sociedad democrática.

Pero la polémica no termina ahí. Más recientemente, el propio funcionario realizó declaraciones en las que afirmó que, en el partido donde milita, solo se llega a ocupar determinadas posiciones siendo traficante de drogas ilícitas, rifero o hijo de un dirigente político.

Si esa fue realmente su afirmación, surge una interrogante inevitable: si él es funcionario de ese mismo partido y, hasta donde se conoce públicamente, no es hijo de un dirigente político ni rifero, ¿bajo cuál de las categorías mencionadas considera que llegó a ocupar su posición?

Se trata de una pregunta que nace de sus propias palabras y que merece una explicación clara. Porque cuando un funcionario generaliza de esa manera, no solo compromete su credibilidad, sino que también proyecta una imagen negativa de la organización política a la que pertenece y de quienes ejercen funciones públicas con responsabilidad.

En democracia, el debate debe desarrollarse con argumentos, respeto y responsabilidad. Las diferencias de criterio con representantes diplomáticos o con cualquier ciudadano deben canalizarse dentro del marco del respeto institucional y de la libertad de expresión, nunca mediante descalificaciones que solo profundizan la confrontación.

Las instituciones públicas requieren funcionarios conscientes del peso de cada declaración que emiten. La ciudadanía espera prudencia, coherencia y explicaciones cuando se realizan afirmaciones que pueden afectar la confianza en el sistema político y en el ejercicio de la función pública.

Si esas expresiones fueron pronunciadas en los términos citados, corresponde al propio funcionario aclarar el alcance de sus palabras y asumir la responsabilidad que implica hablar en calidad de servidor público.

La transparencia, la coherencia y el respeto institucional fortalecen la democracia; las contradicciones y las declaraciones imprudentes solo alimentan la desconfianza ciudadana.