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RESUMEN
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió que quienes incurran en acciones que afecten gravemente los parques nacionales y otros recursos naturales estratégicos del país podrían enfrentar penas de entre 20 y 30 años de prisión, en el marco de las medidas anunciadas para combatir el denominado terrorismo medioambiental.
El mandatario aseguró que las disposiciones serán aplicadas sin distinción de nacionalidad, al señalar que las consecuencias alcanzarán tanto a dominicanos como a extranjeros que sean responsables de ataques o daños contra áreas protegidas.
“Sean haitianos o dominicanos”, enfatizó Abinader al referirse al alcance que tendrán las acciones del Estado para proteger el patrimonio medioambiental de la República Dominicana.
Las declaraciones del jefe de Estado se producen luego de la emisión del Decreto 615-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación y combate del denominado terrorismo medioambiental.
La disposición busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones ante acciones graves que puedan comprometer los recursos naturales, ecosistemas e infraestructuras ambientales consideradas estratégicas para el país.
Entre los bienes sujetos a especial protección se encuentran los parques y áreas protegidas, cuencas hidrográficas, acuíferos, reservas de agua, manglares, humedales, arrecifes coralinos y bosques, así como presas, embalses, acueductos y plantas de tratamiento de agua.
Con la medida, el Gobierno pretende elevar la protección del patrimonio natural a un asunto vinculado directamente con la seguridad nacional, reforzando la persecución de quienes provoquen daños graves a estos recursos.
Abinader dejó claro que la nacionalidad de los responsables no será un factor para determinar la actuación de las autoridades y sostuvo que cualquier persona que incurra en este tipo de acciones deberá responder ante la Justicia.
La aplicación concreta de las penas deberá realizarse conforme a las figuras delictivas, procedimientos y sanciones establecidos por la legislación penal vigente, ya que un decreto presidencial por sí solo no crea penas de prisión.
