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RESUMEN
Santo Domingo.– La República Dominicana obtuvo una victoria total en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, luego de que el Tribunal Arbitral desestimara todas las reclamaciones presentadas contra el Estado dominicano, en un proceso cuya defensa fue coordinada originalmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Mediante un laudo emitido el 19 de agosto de 2026, el Tribunal rechazó en su totalidad las pretensiones formuladas por Yves Martine Garnier, que superaban los US$100 millones, equivalentes a más de RD$5,882 millones a la tasa de cambio señalada en la información oficial.
El proceso tuvo su origen en la terminación del contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos suscrito entre EGTT Dominicana, S.A. y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El procedimiento internacional comenzó el 4 de octubre de 2021 y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso núm. 2022-01.
La defensa dominicana fue coordinada originalmente por el MICM, conjuntamente con el Gobierno de la Municipalidad de Santo Domingo Este. Posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, institución que, conforme a la Ley núm. 80-25, tendrá la representación estatal en los arbitrajes de inversión.
El Estado dominicano también contó con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, D.C.
El Tribunal Arbitral determinó que la terminación del contrato de concesión fue válida conforme al derecho dominicano, debido a deficiencias de EGTT Dominicana en la prestación del servicio.
Asimismo, concluyó que los hechos presentados por el demandante no alcanzaron el estándar requerido para demostrar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por República Dominicana mediante el acuerdo de protección de inversiones suscrito con Francia.
Yayo Sanz Lovatón resalta defensa del patrimonio público
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, destacó la trascendencia de la decisión y aseguró que la defensa del Estado también constituye una señal de seguridad jurídica para los inversionistas.
“La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos”.
Sanz Lovatón afirmó que República Dominicana cumple sus obligaciones frente a los inversionistas extranjeros, pero también mantiene posiciones firmes cuando entiende que una reclamación contra el Estado carece de fundamento.
El resultado evita que el Estado dominicano tenga que responder por una reclamación superior a US$100 millones y, según el MICM, se enmarca dentro de la política de defensa activa del país en materia de arbitraje de inversión.
