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RESUMEN
Santo Domingo.– Nuevos detalles contenidos en el expediente del denominado caso SeNaSa 2.0 describen el mecanismo que, según el Ministerio Público, habría sido utilizado para tramitar miles de autorizaciones médicas presuntamente fraudulentas con recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
De acuerdo con la acusación, el supuesto esquema habría utilizado datos reales de afiliados, combinados con identidades o nombres ficticios, entre los que aparecen “Pedro Martínez”, “Ángel Beltré” y “Amauris Gutiérrez”, para gestionar procedimientos y autorizaciones que, conforme a la investigación, no correspondían a servicios médicos legítimamente prestados.
El expediente atribuye al mecanismo 4,363 autorizaciones por un monto superior a RD$41 millones, recursos vinculados a la cobertura de salud de los afiliados de la ARS estatal.
La investigación forma parte de la Operación Cobra 2.0-A, segunda etapa del proceso que desarrolla el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades dentro de SeNaSa.
Médicos y exempleados entre los procesados
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 de los arrestados, entre los que figuran médicos, exempleados de SeNaSa y otras personas relacionadas con el sector salud.
Entre los procesados aparecen Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
La lista de médicos señalados incluye a Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales también solicitaron que el expediente sea declarado complejo, argumentando la cantidad de hechos investigados, víctimas y personas involucradas.
Los allanamientos de esta segunda fase fueron desplegados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Según el Ministerio Público, durante la operación fueron arrestadas al menos 28 personas y ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes.
La investigación está encabezada por equipos del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Las imputaciones descritas corresponden a la tesis del órgano acusador y deberán ser debatidas ante los tribunales; no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
