La Paz.- El caso de la interrupción de un embarazo a una menor de 14 años, que se transformó en un parto prematuro, abre un dilema en Bolivia entre la objeción de conciencia médica y los límites para este tipo de prácticas que la ley autoriza cuando ha existido una violación.
El suceso salió este martes a la luz, pese a que se produjo hace una semana en el Hospital de la Mujer Percy Boland en Santa Cruz, la ciudad más poblada del país.
En declaraciones a Efe, el director del centro médico, Federico Urquizo, explicó que se trata de la “primera vez” que se presenta un caso similar en la vigésima sexta semana de gestación, puesto que solo se había realizado antes de la 22.
“No existe una edad gestacional para interrumpir (el embarazo) cuando se está con estos problemas legales de violación”, aseguró Urquizo, al referirse a una sentencia del Tribunal Constitucional boliviano de 2014 que norma este tipo de procedimientos.
La acción médica se efectuó tras valorar la denuncia por violación hecha por la adolescente, que fue respaldada por su familia, además de constatar que existía una autorización judicial.
Urquizo contó que pese a contar con toda la documentación, la joven gestante tuvo “problemas dentro del hospital”, ya que varios médicos argumentaron la objeción de conciencia, que en base a sus convicciones exime de realizar un aborto por más que sea legal.
Pese a ello, la maternidad Percy Boland pudo finalmente efectuar la intervención, que se convirtió en un parto prematuro de una bebé de 1,1 kilos, según un reporte del diario El Deber de Santa Cruz.
Urquizo aseguró que la niña “tiene posibilidad de vida” y los neonatólogos del centro de salud la atienden en cuidados intensivos como un bebé “prematuro”.
Pese a que la recién nacida “biológicamente es hija” de la adolescente, ésta y su familia han manifestado “rotundamente” que no quieren ni pueden hacerse cargo, señaló el director del hospital.
El embarazo fue producto de una violación a la menor, de 14 años, por parte del dueño del restaurante en el que trabajaba, según declararon sus familiares a los medios.
Al inicio la menor no contó a nadie del abuso y tampoco habló de su embarazo, hasta que sus signos se hicieron evidentes hace algunas semanas.
Urquizo aseguró que la Defensoría de la Niñez y la Asamblea Permanente de Derechos humanos se encargan para definir “cuál va a ser el futuro de la bebé”.
El médico director de la maternidad manifestó que es preciso “sentarse y conversar” con las autoridades nacionales para definir los límites para la interrupción legal del embarazo, que a su juicio no están establecidos claramente en la normativa boliviana.
El aborto es permitido en Bolivia cuando la gestación es producto de una violación y existe la aceptación de la mujer, además de una orden judicial.