Santo Domingo.- A un año de haber sido reelecto para su segundo mandato, el gobierno del presidente Danilo Medina luce agobiado y acorralado por los escándalos de corrupción que sacuden su administración y sobre todo por la presión que ejerce la sociedad contra la impunidad.
Los mayores cuestionamientos a su gestión se producen a raíz del pago de sobornos a funcionarios por parte de la constructora Odebrecht, a fin de ser favorecida con obras estatales. El caso, que se ha convertido en la principal piedra en el zapato gubernamental, no sólo ha originado el rechazo social a través del Movimiento Verde, sino que también ha puesto en la mira el brazo ejecutor del Ministerio Público.
En medio de ese proceso, salió a la luz pública la denuncia periodística de Alicia Ortega, que pone en tela de juicio los bienes del exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Peña Crique. Afloró que el antiguo colaborador del ex presidente Leonel Fernández posee empresas y otros patrimonios que al parecer no ha declarado.
En una especie de contraataque, a cuatro días de esa denuncia, el presidente Medina dispuso la destitución de Peña Crique, sin que hasta el momento se haya abierto una investigación por parte del Ministerio Público.
La gestión de Medina también se ha visto afectada por la venta irregular y la transferencia de tres parcelas en el barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), a un costo de RD$80 millones.
Esa situación generó una controversia que dio paso a la cancelación del entonces director de la entidad estatal, Leoncio Almánzar, y a la disolución de CORDE, así como a una investigación por parte del Poder Ejecutivo. Se apoderó el expediente a la Procuraduría, donde se anunció el inicio de las investigaciones, sin que a la fecha tampoco se conozcan detalles.
Otro escándalo fue desatado por el asesinato de dos comunicadores en San Pedro de Macorís, el cual destapó una mafia con la venta de terrenos en el Consejo Estatal de Azúcar. El director José Domínguez fue destituido y ese expediente aún espera por ser judicializado. A esos casos se suma el espinoso expediente de la compra de ocho aviones Súper Tucano, por un monto de US$93.6 millones a la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), expediente que involucra a un exsecretario de las Fuerzas Armadas en la supuesta aceptación de sobornos.
La Procuraduría General de la República ha anunciado que posee nuevas pruebas en torno al caso, las cuales tampoco han salido a luz pública.
Ante ese panorama que envuelve a la administración pública, la oposición política se mantiene al ataque, haciendo causa común con los miembros del Movimiento Verde, no sólo para presionar sino también en busca de puntos a su favor.
En el ínterin, este gobierno de Medina, que todavía no arriba a su primer año de gestión, se torna hostigado por el indecoro de algunos de sus funcionarios, quienes en muchos de los casos sólo han sido castigados con el cuestionamiento público y su destitución.
