Santo Domingo.-Desde el 2015, con la creación de un borrador por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, se inició un intento por establecer la normativa acerca de la Auditoría Médica, según explica el doctor Miguel Santos, especialista en Gerencia Moderna de la Salud y Auditoría de los Servicios de Salud.
De acuerdo con el doctor, a finales del 2017 se aprobó la Resolución 219-17 sobre la Auditoría Médica, Calidad de las Atenciones en Salud, Glosas y Pagos entre las Administradoras de Riesgo de Salud/Administradora de Riesgos Laborales y Prestadoras de Servicios de Salud, que entró en vigencia este primero de enero de 2018 y que promete un cambio significativo.
“Esta normativa intenta crear un antes y un después en la historia de la Auditoría Médica en el país, pues la relación entre las ARS/ARL y las prestadoras no siempre ha sido armónica”, asegura.
Agrega que entre estos actores se producen conflictos contractuales de índole científico, cuyas brechas desde el año 2015 el Ministerio de Salud Pública ha ido cerrando, con los primeros protocolos nacionales de atención en salud.
Según explica el especialista, esta “profesión” se encontraba saturada por los médicos generales, los cuales tomaban como una vía expedita de ingresos laborales ejercer como un Auditor Médico de una ARS o de una PSS ya que se les dificulta tener acceso a una residencia médica y dado que en el país el ejercicio de la medicina general se ha dificultado posiblemente por la ausencia de la implementación real del sistema de salud de la entrada de la Atención Primaria en todos los regímenes, la gestión deficiente en la planificación de los recursos humanos en salud de las instituciones a quienes les corresponde este rol y a la mayor cantidad de egresados de las escuelas de medicina del país en relación a la cantidad de plazas disponibles.
No obstante, el doctor Santos explica en el país cuenta con una cantidad de auditores médicos egresados de los diferentes diplomados que se ofertan en los departamentos de educación continuada de algunas de nuestras universidades, que son infravalorados, tanto por los médicos especialistas como por las áreas administrativas de los centros de salud, olvidando y dejando a un lado su rol principal que es, garantizar la calidad de la atención en salud e identificar las situaciones que la obstaculizan.
El artículo 7 de esta normativa, de acuerdo con el especialista, obliga en su párrafo I, a que todas las ARS/ARL siendo responsables de las actuaciones y sus resultados, deberán contar con un equipo de Auditores Médicos registrados y certificados por la Sisalril, sin embargo, dicha normativa en este mismo artículo en su párrafo II, se puede deducir que para los centros de salud (PSS) es una opción.
Asegura que esta herramienta se ha dado un paso de avance en crear un sistema de garantía de calidad en salud y que este personal debe ser de carácter obligatorio a estos actores (ARS, ARL, PSS), dado que dicho proceso busca garantizar la calidad de la atención en salud a los usuarios del sistema (esto incluye afiliados, así como no afiliados al sistema dominicano de seguridad social).
Esta normativa al crear la base de la profesionalización de las Auditorías Médicas, afirma, eleva la dimensión de la profesión, ya que de este ejercicio se demanda un conocimiento especializado y formal en el área, evitando de esta manera el intrusismo profesional, lo cual deberá sentar las bases para formalizar la profesión de Auditor Médico como una especialización más del campo de la medicina y sería conveniente que dicha profesión sea recertificada cada cinco años o el tiempo prudente que estime la Sisalril para garantizar la calidad del proceso de las Auditorías Médicas.
La normativa de la Sisalril en su artículo 37, ha dado un año de plazo para que todos los que ejercen la profesión de Auditores Médicos formalicen su actuar, por lo que es una oportunidad de la clase médica interesada a que se prepare para asumir este reto y responder de manera satisfactoria y con el rigor profesional que amerita, tanto a la Sisalril como a la población quienes merecen tener unos servicios de salud con calidad, según lo establecido en la Política Nacional de Calidad en Salud.
