Santo Domingo. – Las autoridades que intervienen en el sistema de justicia pusieron en marcha un ambicioso proyecto, cuya finalidad, es resolver el problema de sobrepoblación de reclusos preventivos en todas las cárceles del país.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, explicó que el proyecto consiste en instalar tribunales móviles (furgones) en las diferentes cárceles para que los juzgados de Instrucción conozcan las audiencias preliminares desde los centros penitenciarios y de esa forma también reducir la mora judicial (aplazamientos y reenvíos) que la mayoría de las veces ocurre porque los reos no son trasladados a tiempo.
De acuerdo con información del Poder Judicial, de aproximadamente 14, 860 presos preventivos, 5,971 se encuentran en La Victoria.
El proyecto iniciará con una primera etapa de cuatro tribunales móviles que serán colocados; dos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria para atender los casos de la provincia Santo Domingo y dos en la cárcel de Najayo para conocer los casos de San Cristóbal. Posteriormente se instalará uno en Azua.
La segunda etapa se instalarán furgones judiciales en San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros y San Pedro de Macorís, según explicó Mariano Germán Mejía.
“Estos tribunales se enfocarán, básicamente, en el conocimiento de encausamientos por causas más frecuentes que son los delitos de Alta Tecnología, porte ilegal de Armas y violación a la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas”, especificó el magistrado Germán Mejía.
El procurador, Jean Alain Rodríguez, dijo estar consciente de la situación en las cárceles y que apoya toda iniciativa para ayudar a resolver la problemática. Citó como un aporte para contribuir, recientemente incorporaron una flotilla de nuevos vehículos para el traslado de presos.
No más prisión preventiva
La directora de la Oficina de Defensa Pública, Laura Hernández, favoreció las medidas que se están adoptando para mejorar las condiciones de las cárceles y de los internos, sin embargo, planteó al Ministerio Público “que ya basta de pedir prisión preventiva en todos los casos”.
De acuerdo con Laura Hernández, la actitud del Ministerio Público no contribuirá con la resolución de la sobrepoblación carcelaria, ya que por un lado estarán saliendo presos preventivos y por otro lado estarán entrando.
Manifestó su convencimiento de que a todos los imputados se les deben conocer sus procesos en libertad, y que solo deben estar con prisión preventiva los que representen grave peligro para la sociedad.
Dijo que los jueces que imponen otras coerciones diferentes a la prisión preventiva no son corruptos y que la sociedad debe ser educada para entenderlo.
