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Ayuntamientos, seguridad y las TICs

Por: Jesús Batista Suriel

Es justo reconocer que la seguridad de los ciudadanos no es solo un asunto de la policía, debe involucrar a todas las instituciones públicas y privadas y a la comunidad en general. La seguridad es responsabilidad de todos. Sin embargo, el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y la Policía, es quien tiene la autoridad legal y constitucional para desarrollar estrategias que garanticen la paz y seguridad de las familias dominicanas.

Al gobierno anterior no le interesaban temas como seguridad ciudadana, transparencia, justicia, identidad nacional, medio ambiente y fortalecimiento institucional. Pero si nos dejaron mucha desigualdad y conflictos sociales que conducen a mayores niveles de delincuencia y pobreza.

La corrupción y la falta de transparencia del gobierno anterior estaban generalizadas en la administración pública. Resaltó la influencia de la élite política, corrupta y económica. Y, como siempre, la sociedad civil controla en última instancia gran parte del gobierno. Y es la clase política la que paga los platos rotos.

La administración anterior estaba altamente centralizada y no permitió a los municipios lograr la descentralización económica prevista en la constitución y la ley. El Ministro del Interior implementa la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, en la que alcaldes y autoridades provinciales son los principales actores. Estas autoridades tienen muy claro que el control del crimen es local.

Ejemplo de esto son las estrategias con mesas de seguridad, ciudadanía y género, la prioridad es enfrentar el crimen. Asimismo, declaró de alto interés nacional la formulación de políticas para combatir la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas dominicanas.

Para que estas propuestas sean aplicables y factibles, debe existir una buena coordinación entre las instituciones. Coordinación entre las instituciones gubernamentales en esta área en términos de implementación de estrategias, coordinación, planes e iniciativas productivas y relevantes. Además, el diálogo entre el gobierno central, las autoridades provinciales con la participación de los municipios son siempre oportuno y necesario.

Las TIC como herramientas demuestran su eficacia y eficiencia en la prevención y condena de delitos. Además, está más que probado que se trata de un instrumento económico a largo plazo. Las autoridades locales deben utilizar las TIC en sus comunidades para mantener seguros a sus ciudadanos. Por lo tanto, sería ideal, legal, justo y correcto, que el gobierno central financie estos procesos o cumpla con la ley. Es hora de que las autoridades locales reciban el 10% de la asignación presupuestaria estatal establecida por la Ley 166-03

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