Santo Domingo. – El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) calificó como ilegal el reparto de RD$55 millones por concepto de “bonificación” entre los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, funcionarios y empleados.
El coordinador del PC, Carlos Pimentel, dijo que los miembros del pleno de la CCRD no debieron auto-asignarse dos sueldos de “bonificación”, ya que primero debe existir una evaluación de desempeño de parte del Senado de la República.
“Es lamentable conocer que además del aumento salarial que se hicieron los cinco miembros del pleno de ese organismo fiscalizador, que oscila entre RD$75,500.00 y RD$65,300.00, ahora salga a relucir una autoasignación de bonos para ellos”, agregó.
De acuerdo a varios medios de comunicación, el pleno de la Cámara de Cuentas que preside Hugo Alvarez Pérez, se repartió de manera irregular RD$55 millones entre los miembros titulares del organismo fiscalizador, funcionarios y empleados por concepto de “bonificación”, como si se tratara de una empresa privada que obtuvo grandes beneficios económicos.
Pimentel dijo que esa asignación constituye un conflicto de interés, ya que no es ético ni prudente que miembros de la Cámara de Cuentas se aprueben sueldos por concepto de “bonificación”.
El coordinador de la organización cívica indicó que es lamentable que el pasado año los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas se quejaran de las dificultades económicas que padecía para realizar su trabajo de órgano auditor, mientras este año procedieron a realizarse un aumento salarial que ha generado ola de indignación en la sociedad dominicana.
Sobre el pedido de algunos sectores de que los integrantes de la CCRD sean llevados a un juicio político, Pimentel sostuvo que Participación Ciudadana está de acuerdo con que la Cámara de Diputados debe proceder en ese sentido.
“Los miembros de la Cámara de Cuentas deben ser sometidos a un juicio político y que en ese juicio puedan ellos explicarles al país, con argumentos, por qué se autoasignaron y se hicieron un aumento salarial que viola la Constitución y viola la Ley general de Salarios. El escenario para ellos explicar eso debe ser el Congreso”, agregó.
