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Control de constitucionalidad

Por: Félix Bautista
El control de constitucionalidad, definido por el destacado jurista mexicano Lorenzo Córdova Vianello, es “la congruencia del sistema normativo jurídico con los derechos, normas y principios reconocidos y establecidos por la Constitución.” De ahí que defender la Constitución implica dos aspectos fundamentales: en primer lugar se establece la rigidez constitucional, contenida en la propia Ley Fundamental, lo que dificulta su modificación. En segundo lugar, se consignan mecanismos y medios procesales que permiten a los ciudadanos reclamar la violación de sus derechos.
Los sistemas de control constitucional, se clasifican en función del o de los órganos que lo realizan y puede ser un órgano político o un órgano jurisdiccional.
Para el órgano jurisdiccional, esta facultad está reservada a los jueces; y la realizan a través del control difuso (modelo norteamericano) y el control concentrado (modelo austríaco). En relación al control difuso, es una atribución que corresponde a los órganos judiciales ordinarios y el control concentrado corresponde a un tribunal especial (Tribunales o cortes constitucionales), que realiza de manera exclusiva el control constitucional. Juan Solá, catedrático de derecho argentino, explica en su obra “Derecho Constitucional” que este control es concentrado porque es una tarea que corresponde a jueces específicos.
Entre ambos sistemas (difuso y concentrado), existen múltiples variaciones. En el difuso, la acción se ejerce de manera accidental, a propósito de un caso específico y en el concentrado por vía principal, incidental y directa. Los efectos del sistema difuso son declarativos, porque la norma constitucional sigue vigente. En el sistema concentrado, la norma constitucional queda derogada, según explica Solá.
El control de constitucionalidad es un mecanismo que permite la solidez del Estado Constitucional de derecho, representando la protección de los principios de legalidad constitucional y legal que, junto a la rigidez constitucional, representan el eje central del constitucionalismo moderno, que persigue limitar y controlar el poder.
El fundamento del control de constitucionalidad fue establecido en Estados Unidos a través del caso Marbury vs Madison, el cual ha sido el más influyente en los sistemas de control de constitucionalidad, “ya que establece la autoridad para el poder judicial de revisar la constitucionalidad de los actos del poder legislativo y ejecutivo”.
El control judicial es originario de Estados Unidos. Surge por una controversia suscitada entre una decisión tomada por el presidente de Estados Unidos John Adams, del Partido Federalista (1797-1801), y su sucesor Thomas Jefferson, del Partido Republicano (1801-1809).
El proceso electoral del 1800 en Estados Unidos fue muy competitivo. John Adams optó por la repostulación por el Partido Federalista, compitiendo con Thomas Jefferson del partido Republicano. En ese proceso, Jefferson ganó las elecciones. Durante la transición, en enero de 1801, John Adams designó a John Marshall como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, siendo el tercero en haber ocupado esta posición.
El 27 de febrero de 1801, a pocos días de finalizar el mandato de Adams, el congreso federal aprobó una ley orgánica que daba potestad al presidente para designar más de 40 jueces de paz. Al presentarse esa oportunidad, el presidente Adams decidió realizar las designaciones como una forma de controlar una parte del poder que había perdido en el recién finalizado proceso electoral, en el cual quedó en la tercera posición. Para el 2 de marzo de 1801, exactamente un día antes de asumir el poder el presidente Jefferson, el senado federal confirmó los nombramientos realizados por Adams.
En ese momento, John Marshall, que era Secretario de Estado y al mismo tiempo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, firmó todos los despachos de los jueces de paz y autorizó a su hermano, James Marshall para que los entregara. La tarea asignada a James no se cumplió en su totalidad, ya que de los 42 jueces de paz aprobados por el congreso, algunos nombramientos no pudieron ser entregados. Dentro de estos nombramientos estaba el de William Marbury, quien interpuso una demanda ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, solicitando que la corte le ordenara a James Madison la notificación de su designación como juez de paz.
Luego de introducida la solicitud por parte de Marbury, el juez John Marshall se formuló tres interrogantes que en su conjunto, respondían las distintas posibilidades para solucionar la petición realizada al tribunal. A saber: ¿Tenía derecho Marbury al nombramiento? ¿Las leyes de los Estados Unidos en ese momento planteaban una solución al caso? ¿Era la Corte Suprema el tribunal competente para conocer esta solicitud?
En relación a la primera interrogante, la corte concluyó que, efectivamente Marbury tenía derecho al nombramiento, debido a que se había seguido el procedimiento correspondiente, indicando: “es [Ö] la opinión de la corte, que cuando un despacho ha sido firmado por el presidente el nombramiento está hecho; y que el nombramiento se completa cuando el sello de los Estados Unidos ha sido fijado en él por el Secretario de Estado” La corte estableció además, que haber retenido el nombramiento de Marbury, “violaba un derecho legal investido”. Respecto a la segunda pregunta, la sentencia estatuyó que “el gobierno de los Estados Unidos ha sido llamado enfáticamente un gobierno de leyes y no de hombres”. Con lo que la decisión dejó claro que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la república.
Para la tercera pregunta, Marshall estableció que “[Ö] las cortes del país no pueden excusarse de la obligación de dictar sentencia que le reconozca el derecho al individuo agraviado”.  En definitiva, la decisión del juez Marshall es un paradigma en el derecho constitucional, en lo relativo al control de la constitucionalidad. Establece que el poder judicial tiene la autoridad de revisar si los actos del poder ejecutivo y legislativo no son contrarios a la Constitución. Esta jurisprudencia norteamericana es el paradigma del control de constitucionalidad, esencia fundamental del ideal del gobierno de las leyes.
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