Por: Rafael Ciprián
El Tribunal Constitucional (TC), como los principales órganos del Estado dominicano, está atravesando por un período que bien puede calificarse como de crisis. Muchos se espantarán frente a esta aseveración.
Y la razón esencial de ese asombro es que se confunde lo que queremos y lo que conviene a la sociedad con lo que está pasando. Todos sabemos que si el TC colapsa, caería el último bastión que tenemos para defender y hacer respetar los derechos fundamentales, los derechos de las personas.
Pero no es grave ni atentatorio a ese deseo decir la verdad de la situación del TC. Así se podrán superar los males que sufre. Y si lo hacemos con tiempo, podremos evitar las imprevisibles consecuencias que se derivarían de esos problemas.
Nadie puede negar que nuestras instituciones estén en crisis. Son diversas las causas que generan ese estado de cosas. Resulta fácil afirmar que el caso de sobornos, para solo mencionar una manifestación de la hiper corrupción, en las obras de infraestructura confiadas a la empresa brasileña Odebrecht es la causa de las dificultades que padecemos.
Sin embargo, nadie debe ignorar que la naturaleza clientelar y patrimonialista del Estado, unida a la demagogia e irresponsabilidad en la práctica de la política son las fuentes de donde emana la podredumbre que contemplamos. Sobre todo porque llevamos demasiado tiempo sin un sistema de consecuencias efectivo para los denominados delitos y crímenes de cuello blanco.
Ciertamente, está en crisis el Poder Legislativo, porque varios congresistas tienen acusaciones del Procurador General de la República, que los vincula a sobornos para aprobar préstamos con relación a la mencionada constructora.
También el Poder Ejecutivo está en apuros, debido a que sectores activos de la vida nacional, especialmente los de la Marcha Verde, están cuestionando al Presidente, y hasta piden que sea llevado al banquillo de los acusados. También el Poder Judicial está jugando su rol, bajo la mirilla de la ciudadanía, en este berenjenal, que es el caso de Odebrecht.
Así las cosas, no podemos morirnos en la víspera por reconocer que el TC está en crisis. Prueba de ello es que su presidente, el honorable magistrado Milton Ray Guevara, denunció que se estaban desacatando las sentencias de este alto tribunal. Además, se están haciendo interpretaciones jurídicas de las decisiones del TC que imponen precisar lo que es el precedente.
Cuando no se quiere asumir el carácter vinculante de las sentencias del TC, se dice que el punto en cuestión no es la ratio decidendi, sino un obiter dictum, esto es, que no se trata de la razón de la decisión, sino de un dicho de paso o argumento complementario.
Con esta justificación se viola el precedente y se hace ineficaz la sentencia del TC. Los ejemplos sobran. Esta práctica es una grave causa de crisis del TC. Y el hecho de que se mendigue un local digno para este órgano constitucional, agrava más la crisis que denunciamos.
