Santo Domingo.- De los 20 imputados en el caso Calamar, sólo uno no ha sido arrestado. Se trata del exaministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, que figura en el expediente acusatorio como uno de los que estuvo en una de las reuniones de los principales señalados del supuesto entramado conta el Estado por más de 17 mil millones de pesos.
Así lo especifica la instrumentación del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, en la que menciona a Lizardo en la página 32 como uno de los que supuestamente conversó y «tramitó» el inicio del presunto plan en detrimento del erario.
El pasado fin de semana se realizaron más de 40 allanamientos en los que arrestaron a Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y de Obras Públicas y Comunicaciones, y exdirectores de las gestiones de Danilo Medina, respectivamente.
«Los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta solicitaron decenas de millones de pesos al señor Bolívar Ventura, pero al este indicar que no era posible mover esas cantidades en efectivo, por la Ley de Lavado de Activos, es ahí que se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, quien a su vez delegó la asistencia en el Contralor del Banco de Reservas, el imputado Andrés Guerrero, lo que fue el inicio de la operación de lavado más grande, cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano», asegura el órgano persecutor.
Las deudas que el Estado tenía con las empresas de Ventura (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC), detalla el expediente, eran deudas en principios basadas en contratos que datan de más de 10 años, sobre los que se le prometió entregarle los pagos, bajo la «extorsión» por parte de los exministros, de que debía de entregarles para fines políticos la suma de 527 millones 694 mil 838 pesos quinientos.
«Lo que evidentemente constituye un esquema de corrupción con participación activa de estos funcionarios públicos», acotó la entidad acusadora.
Aplazan conocimiento coerción
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo domingo 26 de marzo a las 9:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción a los detenidos mediante la operación Calamar.
La audiencia fue presidida por la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de instrucción de esta circunscripción. El órgano persecutor pidió 18 meses de prisión preventiva contra los involucrados, y que el caso sea declarado complejo.
Por cuestión de espacio, la audiencia fue celebrada en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Además, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, exministros de Hacienda, Administrativo y Obras Públicas, respectivamente, están en la lista de los acusados otras 17 personas.
Emilio César Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, administrador del BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Director de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República; Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros son los nombres de los que figuran en el expediente acusatorio.
El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; la procuradora de Corte coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea, Héctor García y Andrés Mena.
