Por: Rafael Pércival Peña
Distinguidos Ciudadanos de la República:
Como lo han denunciado Uds. a la Opinión Pública Nacional e Internacional con gran responsabilidad, la Nación ha entrado en una grave crisis de gobernabilidad, a consecuencia de un premeditado plan, concertado desde la Junta Central Electoral (JCE), que tuvo como protagonista principal a su Presidente Roberto Rosario Márquez, Miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para llevar al país a una Trampa Electoral que validara de legitimidad la condición del Gobierno que preside Danilo Medina Sánchez y su ilegítima repostulación, ocasionando protestas justificadas y represión militar y policial que mantienen al país al borde del caos y la anarquía.
Para ello se aparentó que la JCE patrocinaba el cambio del usual Cómputo Manual de votos, con utilización parcial del Internet -siempre propicio para toda clase de manipulaciones y trastrueques de los votos que recogían la voluntad ciudadana- por un sistema completamente electrónico e inmune a dichas prácticas, especialmente aquellas en perjuicio de los partidos minoritarios que no alcanzaban a hacerse representar en todos los Colegios Electorales a la hora de levantar las Actas de Votaciones, donde sus votos les eran escamoteados y repartidos en beneficio de los partidos representados.
La JCE contó por ello inicialmente con el respaldo de todos los partidos políticos en lo que se expresaba como un paso de avance y modernización que haría públicos sus resultados cargo por cargo al cabo de pocas horas el mismo día de las elecciones. Las acciones consecuentes se divorciaron radicalmente de lo ofertado. Es preciso individualizar esta responsabilidad de la JCE en su presidente Rosario Márquez, por los acontecimientos que siguieron en el proceso de dar inicio al programado Proceso Electoral el Domingo 15 de Mayo a las 6:00 am; para finiquitar el mismo día a las 6:00 pm.
La JCE se hizo asesorar en el diseño del Sistema Electrónico; la escogencia de sus componentes; y de la programación del Sistema Operativo (software); a la firma española INDRA, y puso la responsabilidad de auditar el sistema en la Organización de Estados Americanos (OEA), resultando luego que ésta se inhibió, contratándose para ello a la firma norteamericana Price Water House Coopers. Tras el artículo de prensa desde New York de J.C. Malone, alertando al país de que los Sistemas Electrónicos habían servido en EE.UU. para los peores fraudes electorales; los partidos de la oposición comenzaron a plantear cuestionamientos técnicos al Sistema, cuyos equipos llegaron al país en fechas muy próximas a la fijada para la votación.
Con efecto, equipos de diversa naturaleza: para verificar electrónicamente la identidad de votantes; y de captación, remisión y computación de las boletas de votación; (scanners), estuvieron llegando al país hasta la semana previa al Proceso Electoral. Los reclamos de comprobación, auditoría y verificación de la operatividad del Sistema Electrónico; de su idónea instalación y conectividad, planteados por los Partidos Políticos de Oposición, fueron rechazados en forma airada por el presidente Rosario Márquez.
Esta actitud se repitió frente a sus sensatas demandas de que -visto el fracaso generalizado de las pruebas de los equipos, con fallas de conexión telefónica y obvia falta de adiestramiento del personal que lo operaría- se llevara un Cómputo Manual en forma simultánea con el Cómputo Electrónico, prevaleciendo el primero. El obvio e innegable fracaso del Cómputo Electrónico cuyos equipos costaron más de US$ 34 millones, llevó a que el Cómputo Manual se concediera solo a Nivel Presidencial; y ya en el último momento y bajo protesta de su presidente, el Pleno de la JCE lo aprobara en sus Tres niveles, con la condición de no dar como final ningún Boletín producto del Cómputo Electrónico, hasta ser cotejado y confirmado por el Cómputo Manual.
La duda razonable sobre la intención de la JCE de operar un Sistema Electrónico, comienza con el pésimo historial de idoneidad de la firma INDRA así como el de Price Waterhouse Coopers; y el inexplicado retraso de la llegada de los equipos, impidiendo su adecuada verificación. A esto debe sumarse que en la madrugada del domingo 15 de mayo, el presidente Rosario Márquez anunció que 3,500 técnicos y personal auxiliar contratados para su operación, renunciaron sorpresivamente. De ello se proclaman desconocedores tres de los cinco miembros de la JCE. Al momento en que se escribe este documento, aún se investiga la identificación de los mismos.
A causa de lo expuesto, los Colegios Electorales confrontaron: 1º ausencia de los equipos; 2º en los presentes, fallas en su adecuada conexión; 3º falta de personal operativo; y 4º fallas de logística en la llegada del material de votación; lo que obligó a gran retraso el inicio de su operación. Como es obvio, de no haber presionado los Partidos de Oposición el Cómputo Manual, el Proceso Electoral hubiera tenido que posponerse. Ese retraso se compensó con una hora adicional al programado término de la jornada electoral de las 6:00 pm, pero se hizo casi a las 7:00 pm, sin comunicarlo, con lo cual muchos Colegios Electorales nunca se enteraron de la extensión de la jornada electoral o lo hicieron cuando había concluido, sin poder favorecer a votantes tardíos.
Así, al pasar balance del evento una semana después, todas las fallas de lentitud del conteo; tras-trueque; manipulación de boletas de partidos minoritarios; compra de cédulas y demás prácticas conocidas del retrógrado Cómputo Manual -que facilitaron el Fraude Electoral que aún no se despeja en un cómputo final y manual de las boletas de votación, e incluso los muertos y heridos de las violentas protestas- son ahora responsabilidad de los Partidos de Oposición y no del presi-dente de la JCE Rosario Márquez, Miembro del Partido de gobierno PLD, con la coartada política de haber auspiciado un moderno Cómputo Electrónico para resultados el mismo 15 de Mayo.
A poco de iniciar la votación, y contrariando el compromiso con los Partidos de Oposición, Rosa-rio Márquez autorizó un Boletín Provisional parcial extraído del Cómputo Electrónico, supuestamente sin valor jurídico, otorgando al Presidente Medina de forma abrumadora la Reelección, coincidiendo con las encuestas puestas a circular; el cual en pocos minutos recorrió el mundo como informe oficial de las elecciones; presentando al país un hecho consumado. La lógica conclusión de esta acción es que tras el manejo del Proceso Electoral que se nos impuso, se montaba una Trampa Electoral con dos versiones de Fraude: uno electrónico y otro manual. El Fraude Electrónico apuntaló el triunfo de Medina, el Fraude Manual desarticuló el voto de la oposición.
El Fraude Electoral fue expresión genuina de la corrupción política, económica y social imperante en el país y culmina las maniobras de Danilo Medina para que el PLD retenga el poder que ha usufructuado en tres mandatos presidenciales de Leonel Fernández, complementados con su actual mandato, cuya reelección tras la crisis interna del PLD, ha contado con el apoyo de Fernández, que había proyectado sus aspiraciones a Mayo del 2016, y las ha redefinido ahora para el 2020. La maquinaria política del PLD ha sabido usar el poder para retenerlo, copando las instituciones del Estado. No solo controló la JCE encargada de organizar el Fraude Electoral, sino también la mayoría de los Colegios con funcionarios e incluso con uno que otro de sus candidatos.
La obra del Fraude Manual desarticulando el voto de la oposición, ha dejado un cuadro de caos y destrucción. Desaparición masiva de boletas marcadas aparecidas en zafacones; valijas sin pre-cinto de seguridad, abiertas y violadas; todo propiciado por su traslado a las Juntas Municipales para el levantamiento de las Actas. Urnas y archivos quemados junto a su contenido de boletas y actas para detener el reconteo; y el fraude de los presidentes de mesa del PLD marcando otra cruz a votos adversarios para anularlos; y el reclamo de partidos minoritarios despojados de sus votos.
Con este colosal Fraude Electoral, la calificación de ilegítimo que ha merecido de Uds. el gobierno del Presidente Medina, es absolutamente apropiada y doblemente merecida. Pero su responsabilidad ética y jurídica va más allá de favorecerse con esta gran violación a la Ley Electoral 275-97. Medina es reo de violar la Constitución para repostularse; de no defender la Soberanía Nacional ante la injerencia foránea; de entregar al capital extranjero la riqueza minera de la Nación; de incumplir la Ley 1467 que dicta la repatriación de los indocumentados ilegales del vecino país; de desguarnecer la frontera con Haití; y violar el Código Laboral y la Seguridad Social que protege a los dominicanos en sus fuentes de trabajo, a favor de haitianos indocumentados ilegales.
Sin contar el dinero recibido del exterior violando la ley electoral en su artículo 55.
Para reelegirse, el Presidente Medina impuso la corrupción en ambas cámaras del Congreso; 1º con la propuesta a los partidos de oposición de reciprocar su apoyo a la reelección respaldando la de sus miembros, conocida como Reelección por Reelección; 2º con su invitación a la oposición a compartir la corrupción que se disfruta desde el poder político, en lo que llamó Gobierno Compartido, que fue atendida por su tradicional adversario, el PRD; todo lo cual ha llevado a crisis la Partidocracia dominicana, diseminando la inconducta ética del llamado ‘transfuguismo político’.
Ante el apremio de una crisis de gobernabilidad que exige una Solución Eficaz Inmediata, en su condición de Candidatos Presidenciales de la oposición al PLD en el fracasado Proceso Electoral, y para salvarlo, Uds. han planteado como única salida rehacer sus resultados emprendiendo su cómputo manual voto a voto, incluyendo acertadamente el Nivel Presidencial. Pero éste no ten-dría sentido sin reestructurar antes las instituciones que han desvirtuado sus funciones, empezando en lo inmediato con la Junta Central Electoral y el Tribunal Electoral; e incluyendo los Colegios Electorales y las Juntas Electorales Municipales; donde los votos de la oposición pueden ser y han sido trastocados.
Pero esta tarea tampoco es posible si no está disponible el universo de las boletas de votación, que está incompleto. Si el reconteo manual de los votos emitidos es imposible, entonces no hay más remedio que plantear bajo nuevos términos, normas y fiscalizaciones, una nueva Convocatoria Electoral. Les propongo enarbolar una nueva Fórmula de Paz a cambio de que reine la paz social en la República. Convocar a Nuevas Elecciones incluyendo en la Boleta del Voto el Referendo Aprobatorio a la modificación constitucional votada en Marzo del 2015. Ello hace preciso rescatar la Ley de Referendo que la JCE formuló y entregó al Senado en Diciembre 10 del 2013; y que el Congreso, convocado de urgencia por el Poder Ejecutivo la apruebe, con el compromiso del Presidente Medina de someterse al veredicto de sus ciudadanos sobre la reelección.
Estimados Conciudadanos, pongo en sus manos el expediente que he formulado, producto de largas horas de dedicada investigación, para probar, con apego al Estado de Derecho, que el presidente Medina usufructuó una Re-postulación ilegítima a la Reelección, producto de una conspiración que hizo desaparecer del Senado de la República, en manos de su Presidente Reinaldo Pared Pérez la Ley del Referendo Aprobatorio que debió ser convocado. Que la modificación a la Constitución en su Art.124 -para lo cual se convocó una Asamblea Revisora- constituyó una doble violación de la Constitución de la República del 26 de Enero del 2010, que rigió para ese proceso, lo cual se expone en los dos documentos que encabezan el expediente.
El Primer Análisis demuestra que el conocimiento y aprobación de la Ley 24-15 de Convocatoria de la Asamblea Revisora, constituyó una violación del precepto constitucional en su Art.110 sobre la Irretroactividad de la Ley que reza; “La Ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena, En ningún caso los poderes públicos o la Ley, podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.”
Esto se infringió al modificar el Art.124 que prohibía la re-postulación del Presidente Medina, para permitirla. Aquí falló la institucionalidad del Congreso Nacional controlada por una Partidocracia que dio su voto aprobatorio, violando toda norma de Ética Política, a cambio de asegurarse a sus miembros su re-postulación, en lo que denominamos ‘Reelección por Reelección’. También le ha fallado al Pueblo Dominicano el Tribunal Constitucional, organismo que le ha prestado importantes servicios a la Nación, pero que todavía tiene en Estado de Fallo, el Recurso que se introdujo oportunamente, respecto de la inconstitucionalidad de esa convocatoria.
El Segundo Análisis demuestra que los que tramaron la reelección del Presidente Medina, se aseguraron de que los ciudadanos dominicanos no pudieran ejercer el Derecho Fundamental que le otorga la Constitución de la República en su Art.272 de tener la última palabra de dicha modificación constitucional con un Referendo Aprobatorio, despojando a la Junta Central Electoral de la facultad y obligación de convocarlo, que le estatuye el mismo artículo en su Párrafo I, sujeto a la aprobación de la Ley que rige el procedimiento de convocatoria, requerida en su Art.210.
Esta fue oportunamente sometida por la Junta Central Electoral, haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa en materia electoral, con proyecto entregado en manos del entonces Presi-dente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, Secretario Gral. del Partido de Liberación Dominicana, partido de gobierno, el 10 de Diciembre del 2013, por el Presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, un año y seis meses antes de que lo requiriera, al aprobarse la modificación constitucional. En el momento en que se verificaba su modificación, la Constitución ordenaba a la Junta Central Electoral convocar dentro del plazo de sesenta días el Referendo Aprobatorio, según lo estipula el citado Art.272 en su Párrafo I.
Pero en esa oportunidad la Ley del Referendo ni había sido aprobada, ni perimido, HABÍA DESAPARECIDO del Senado de la República, según lo atestigua la Certificación que nos expidiera el 12 de Noviembre del 2015 anexa al expediente, y PRUEBA de la conspiración atentatoria a la Constitución. Aquí falló la Junta Central Electoral, que debió reclamar públicamente esta situación. La Compensación a esta conducta, y prueba de la conjura para evitar la convocatoria del Referendo Aprobatorio la recoge la afirmación pública de Reynaldo Pared Pérez, previa a Mayo 15, de que si eran reelegidos, confirmarían en sus cargos a los Miembros de la Junta Central Electoral.
