Santo Domingo.-La Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) demandó que se eliminen todas las trabas burocráticas que existen para garantizar que una persona a la hora de su retiro pueda acceder a una pensión que ha ido acumulando durante toda su vida laboral útil.
Entre esas trabas citó leyes que tienden a vulnerar el acceso al beneficio de una pensión en el sector público cuando este no cumple los 20 años de labor en el Estado y la limitación contenida en la norma vigente para que los de 65 años accedan a la pensión por discapacidad y sus dependientes accedan a la pensión de sobrevivencia.
Otras de las limitantes es la exclusión de los jubilados y pensiones en el Seguro Familiar de Salud de acuerdo a lo que establece el artículo 123 de la Ley 87-01; la prescripción de plazo para el acceso a los beneficios que no se encuentran contenidos en nuestra Ley de Seguridad Social.
La necesidad de superar esas dificultades fueron expuestas por la directora de la Dida, Nélsida Marmolejos, al pronunciar un discurso durante el segundo y último día del Panel Internacional “Políticas de Seguridad Social para Adul tos Mayores: propuestas para la creación de beneficios de la tercera edad”, que se desarrolla en el país bajo la organización de ese organismo.
Actualmente el Seguro Familiar de Salud (SFS) cuenta con una población afiliada de alrededor de 705 mil personas mayores de 65 años de edad, de los cuales el 67% pertenece al régimen subsidiado; el 27% al contributivo y el seis por ciento a planes especiales de pensiones.
De la población adulta mayor afiliada al régimen contributivo el 49.7 por ciento son dependientes adicionales, o sea, que su cápita es paga da directamente por el titu lar familiar que lo ingresó al sistema, mientras que en el régimen subsidiado el 85% de esos afiliados son titulares del núcleo familiar.
A octubre pasado el Seguro Nacional de Salud (Senasa) contaba con una población mayor de 65 años de 553,610 afiliados, de los cuales 472,485 pertenecen al régimen subsidiado. Entre enero y octubre de este año la ARS estatal autorizó a esa población 9,787,829 servicios, ocupando el primer lugar los de laboratorio, seguidos de medicamentos, hospitalizaciones, consultas médicas y tratamiento de cáncer.
Los datos están contenidos en las exposiciones realizadas en la actividad por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, y el director de Senasa, Chanel Rosa Chupany.
