Quito.-Trece millones de electores ecuatorianos están llamados a participar el próximo domingo en un referéndum constitucional convocado por el presidente Lenín Moreno, que incluye una polémica pregunta sobre la reelección indefinida.
La consulta popular se ha convertido en un duelo de titanes entre el actual mandatario y su antecesor, Rafael Correa, que se ha tomado en clave personal la eliminación de la reelección indefinida, aprobada durante su mandato a través de una enmienda. La mayoría de las encuestas conceden la victoria al «sí» a las siete preguntas, que defiende Moreno junto a 36 partidos, organizaciones o plataformas, frente al «no» que abandera Correa y otras cuatro formaciones.
Corrupción
En muchos casos, los ecuatorianos votarán «sí» o «no» en función de sus simpatías hacia Moreno o Correa, más que por su conocimiento del alcance de las preguntas. La primera trata sobre la lucha contra la corrupción:
« ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República de Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, con la pérdida de sus bienes?».
El funcionario hallado culpable quedará inhabilitado políticamente de por vida y las empresas que los sobornen no podrán beneficiarse de otros contratos públicos. En caso de ser aprobada, los analistas se preguntan si tendrá o no efecto retroactivo, porque podría afectar a altos cargos de la Administración Correa. El pasado diciembre, la ONG Comisión Nacional Anticorrupción cifró en unos 35.000 millones de dólares el perjuicio causado al Estado en los últimos diez años en forma de sobornos, sobreprecios en contratos públicos, evasión fiscal y otros delitos.
Reelección indefinida
La segunda pregunta propone la posibilidad de enmendar la Constitución para que solo pueda ser reelegido una vez para el mismo cargo público.
«El poder es una droga que embriaga en exceso y hace que se desee tener más y cada vez se vuelven más autoritarios, más corruptos», ha asegurado el presidente Moreno en campaña.
El embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, recalcó durante una rueda de prensa en Madrid que el objetivo de la consulta popular es «recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi (2008)», contraria a la reelección indefinida de los cargos públicos. Si se aplica con carácter retroactivo, el líder de la izquierda populista no podrá volver al Palacio de Carondelet, que ocupó durante una década hasta que entregó el poder a su delfín Lenín Moreno el pasado 24 de mayo.
Consejo de Participación Ciudadana
El tercer interrogante se refiere a la posiblidad de reestructurar el controvertido Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano regulador símbolo del correísmo para muchos de sus detractores. Sin embargo, los partidarios del expresidente creen que, si sale adelante, será «un retroceso histórico a los amarres típicos de la vieja clase política».
El resto de las preguntas se refieren a la no prescripción de los delitos sexuales contra menores, la preservación del medio ambiente o la derogación de la Ley de Plusvalía, esta última la cuestión de mayor incidencia económica.
La pregunta referente a la minería, y que requiere enmendar la Constitución con el fin de paralizar las actividades en las áreas establecidas, ha sido acogida con reservas por grupos ecologistas e indígenas, que afirman que eventualmente podrían realizarse en otro tipo de terrenos como bosques protectores y zonas que excluye la consulta, según señaló Efe, al informar sobre la renuncia del ministro de Minería, Javier Córdova, cinco días antes del referéndum constitucional.
Rafael Correa reside en Bélgica desde que terminó su mandato (2007-2017), pero a principios de enero regresó a su país para liderar la campaña por el «no» frente a lo que considera un «grave rompimiento y alteración del orden constitucional». Dentro del ambiente polarizado que se vive estos días en Ecuador, la caravana del expresidente bolivariano fue recibida con un lanzamiento de huevos la semana pasada en el municipio de La Maná (Cotopaxi).
Moreno ganó las elecciones en la segunda vuelta del 2 de abril de 2017 con el movimiento Alianza País y el respaldo de Correa, quien recientemente ha abandonado la formación que fundó en 2006. Las desavenencias entre ambos comenzaron cuando Moreno se mostró dispuesto al diálogo con sectores con los que Correa mantuvo serios enfrentamientos.
A las diferencias ideológicas se sumó el caso del exvicepresidente Jorge Glas, defenestrado por Moreno a causa de su implicación en el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, por el que ha sido condenado a seis años de cárcel. Glas fue un estrecho aliado de Correa, por lo que la actuación en este caso de la Administración Moreno ha sido interpretada como un ataque contra el anterior Gobierno por sus supuestas corruptelas.
Este domingo los ecuatorianos, partidarios de Moreno, Correa o de ninguno de los dos políticos que antaño fueron presidente y vicepresidente, tienen la última palabra.
