El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó este miércoles un acuerdo que respalda la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes la semana pasada intentaron inhabilitar al Legislativo y arrogarse sus facultades. El diputado opositor Juan Miguel Mattheus, del partido Primero Justicia, informó de que la directiva de la Asamblea Nacional había iniciado el proceso para destituirlos el pasado viernes ante el Consejo Moral Republicano, integrado por el defensor del Pueblo, la fiscal general y el contralor.
La Constitución de Venezuela establece que la Asamblea Nacional podrá remover a un magistrado con el voto favorable del Consejo Moral Republicano. El defensor del Pueblo y el contralor general son chavistas, mientras la fiscal general ha marcado distancia de los fallos del Supremo. No parece probable que el consejo se pronuncie a favor de la apuesta del Parlamento. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha aceptado la explicación del régimen sobre las opiniones dispares de los poderes públicos y no considera que haya ocurrido un golpe de Estado, como intenta demostrar la oposición. Manuel Galindo, el contralor, es un aliado de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Solo la fiscal general se ha mostrado contraria a las sentencias del Supremo que buscaban inhabilitar al Parlamento.
Si dos de los tres miembros del Consejo Moral Republicano aceptan la propuesta del Parlamento (que busca calificar la actuación de los jueces como una falta grave), el magistrado señalado sería citado en la Cámara. Posteriormente, dos tercios del Parlamento deben acordar su destitución. Sin embargo, la oposición no tiene los dos tercios porque el chavismo —mediante una ponencia de la Sala Electoral, que también controla— mantiene en suspenso la juramento de tres diputados que le darían la mayoría.
La bancada de la opositora Mesa de la Unidad no considera suficiente la supresión de algunos pasajes de las dos sentencias del Supremo e insiste en que en Venezuela continúa el golpe de Estado. «El autor intelectual de ese golpe es Nicolás Maduro y los autores materiales son los magistrados verdugos de la Sala Constitucional», afirmó Mattheus al momento de presentar el acuerdo en la Cámara.
Anular los nombramientos
La exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León ha sugerido que el Parlamento podría lograr su objetivo por otra vía si anula el nombramiento de los magistrados. Algunos de los integrantes de la Sala Constitucional llegaron a sus cargos sin cumplir con los requisitos, según denunció entonces la oposición, al ser nombrados en los estertores del anterior período, controlado por el chavismo.
La bancada del chavismo no asistió al comienzo de la sesión y denunció en la televisión oficial un «golpe de Estado» de la oposición. Todos suelen blandir la Constitución para apoyar sus ideas porque así lo permite la naturaleza ambigua de la Carta Magna.
Más tarde, la bancada chavista decidió incorporarse a la sesión y su jefe, el parlamentario Héctor Rodríguez, afirmó que «en Venezuela hay plena democracia». La declaración es apenas una parte de una estrategia más amplia, que incluye pronunciamientos del máximo tribunal, que insiste en señalar que el Parlamento se mantiene en desacato y pretende desconocer que se necesita el acuerdo de dos poderes públicos para destituir a sus integrantes y la calificación de una falta grave por parte del Consejo Moral Republicano.
Más temprano los diputados aprobaron un acuerdo que denuncia que en Venezuela persiste un golpe, a pesar de las aclaratorias del Supremo. «Esas aclaratorias reafirman la anulación de la Asamblea», se lee en la resolución.
