Santo Domingo.- Con la homologación del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa brasileña Odebrecht, acusada de pagar 92 millones de dólares en sobornos para hacerse con obras de gran envergadura en República Dominicana, esta deberá suministrar, antes del 19 de mayo, los nombres de los funcionarios dominicanos sobornados para la adjudicación de obras.
Así lo anunció el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien destacó que además de los nombres, Odebrecht deberá aportar los testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder, que sea requerido para enriquecer la investigación y pagar 184 millones de dólares en ocho años al Estado dominicano.
Los nombres más sonados en el caso en el país son los del empresario Ángel Rondón y el del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quienes, según una fuente, se han negado a negociar con las autoridades gubernamentales, porque no tienen confianza en quienes están llamados a impartir justicia.
El informante indicó a Dominicanoshoy.com que al empresario Rondón se le propuso “echarse la culpa y asumir la prisión por no más de tres años, pudiendo salir a la mitad de la pena; pero, este se negó a aceptar. Él dijo: ¨Me echo la culpa, pero no caigo preso, no confío en nadie¨”.
Destaca el diario digital antes mencionado que la misma propuesta se le hizo a Díaz Rúa, quien se habría reunido en privado con el procurador Rodríguez y rechazado el pedimento. “Rondón y Víctor Díaz le han doblado el brazo al gobierno”.
“Díaz Rúa fue más lejos y dijo que si cae, no será solo, pues en el país hay muchas personas involucradas en el caso de corrupción y sobreevaluaciones de obras de Odebrecht. Políticos le han aconsejado a Díaz Rúa que tome las cosas con calma y que no se adelante a los acontecimientos; pero, él, al igual que Rondón, no confían en las autoridades”, indicó la fuente que cita Dominicanoshoy.com.
La Procuraduría tenía un plan para apresar tres o cuatro funcionarios “de quinta categoría”, luego de finalizada la Semana Santa para apaciguar el asunto; empero, no lo hicieron para no levantar más sospechas.
El acuerdo firmado entre el MP y Odebrecht el pasado 16 de marzo y homologado por el Tercer Juzgado de la Instrucción, contiene 13 artículos y permitirá lograr la cooperación de Odebrecht con las autoridades dominicanas, que mantienen una investigación en curso luego de que la empresa admitiera el pago por 92 millones de dólares “a funcionarios públicos del Gobierno de la República Dominicana, directamente o a través de intermediarios, a los fines de facilitar o asegurar ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura”.
Odebrecht se compromete a identificar, en menos de 60 días, los funcionarios públicos sobornados en el país y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices, identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados y a las personas físicas y jurídicas que facilitaron y coadyuvaron a entregar los sobornos e indicar el monto de los sobornos entregados; así como el mecanismo financiero utilizado para hacer llegar el dinero a los sobornados y las cuentas bancarias y registros contables.
Otro de los aspectos a los que se comprometió informar la empresa, será el nombre de las entidades que efectuaban las transferencias financieras, las entidades receptoras del dinero, los mensajes vía correo electrónico y los contratos de consultoría comercial.
Frente a esto Odebrecht, gracias al criterio de oportunidad, logrará la extinción de la persecución penal en su contra, sus sucursales subsidiarias y personas jurídicas de su grupo económico.
Sin embargo, el enfrentamiento entre el gobierno y el empresario Ángel Rondón Rijo, quien se desempeña como representante comercial de Odebrecht en el país, está en que este no tendrá ese privilegio, tal y como se establece en el artículo 8 del acuerdo, el cual reza que los compromisos acordados respecto de la prescindencia de las acciones penales y la aplicación de una solución alternativa del conflicto no aplican ni benefician de manera alguna “a Ángel Rondón Rijo, cualquiera sea la calidad que ostente respecto de Odebrecht, ni demás terceros que no sean parte directa del grupo económico de Odebrecht.
