Santo Domingo.- Cientos de descendientes de la familia Rosario, heredera de los terrenos donde opera la minera Barrick Gold, en el municipio Cotuí, realizaron una gran concentración al frente del parque minero, exigiendo el pago de sus terrenos.
Convocados por el consejo de la familia Rosario, la parentela de Jacinto Rosario, quien fuera el dueño de esas tierras, provenientes de todas las provincias del país, se manifestó durante varias horas este sábado 24 de junio, al frente del parque minero, ubicado en la zona de Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
La concentración, que se desarrolló desde las 8:00 de la mañana, buscaba también reclamar la reubicación de unas 600 familias que viven en los alrededores del parque minero, quienes han enviado cartas al presidente Danilo Medina, para que los reciba desde abril del año en curso, a la que el mandatario no ha dado respuestas.
Los Rosario, como dueños legítimos de esas tierras, tienen años en esta lucha, recurriendo a todas las instancias legales, demostrando con sus títulos de propiedad, su reclamo.
Las familias han denunciado que Barrick vierte sus aguas residuales a sus ríos, lo que ha afectado drásticamente sus recursos naturales y su salud. Su calidad de vida ha ido en detrimento día tras día, por lo que muchos han muerto sin ver solucionada su lucha desde hace varias décadas.
Desde hace un tiempo, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, junto a su equipo médico, asiste semanalmente a los residentes en las cercanías de la minera, en un aporte solidario y gratuito de su Fundación. Los pacientes, han sido diagnosticados con enfermedades de la piel y otras más graves, por el cianuro que penetra a su organismo, debido a que la minera explota sus ricos suelos a cielo abierto.
Además de las personas, sus animales también están muriendo. La flora, ha desaparecido.
El polvillo que vierten en la presa de cola, penetra a sus casas, afectando su visión; mientras las explosiones constantes no les dejan dormir, ya que se trabaja 24 horas al día.
No hay agua potable, pero Barrick, les da dos galones de agua por familia, cual si fuera suficiente.
Las calles no sirven, no cuentan con un sub centro hospitalario; la gente se está muriendo.
Otro de los abusos que han denunciado los afectados, es que les están cortando sus cultivos. Las casas más cercanas al proyecto minero, han sido derribadas; les han sometido a la justicia, aun siendo víctimas, teniendo que enfrentar multas de hasta 40,000 pesos que ante la incapacidad de pagar, ha dejado a muchos en la cárcel con el peso de una medida de coerción que priva su libertad.
La Ley minera prohíbe vivir mínimo a 10 kilómetros de distancia a la redonda y estas personas, viven a escasos metros.
Las autoridades no dicen nada desde agosto del año 2016, mientras se está a la espera de una sentencia del Tribunal de Tierras de Cotuí.
Y mientras tanto, se preguntan:
¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el Gobierno central? ¿Puede una compañía extranjera hacer lo que quiera en nuestro país? ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?
