Santo Domingo.- El consejo de la familia Rosario realizará el día de hoy sábado una gran manifestación junto a todos los descendientes de Jacinto Rosario, reclamando el pago de los terrenos que ocupa la minera Barrick Gold, en la zona de Pueblo Viejo, Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez.
La concentración será al frente del parque de Barrick, en donde reclamarán la reubicación de unas 600 familias que viven en los alrededores del parque minero, quienes han enviado cartas al presidente Danilo Medina, para que los reciba desde abril del año en curso, a la que el mandatario no ha dado respuesta respuestas.
Los Rosario tienen años en esta lucha, recurriendo a todas las instancias legales, demostrando con sus títulos de propiedad, su reclamo.
Cientos de estos descendientes, de todas las provincias del país, se concentrarán en la explanada de la minera a partir de las 8:00 de la mañana de este sábado.
Las familias han denunciado que Barrick vierte sus aguas residuales a sus ríos, lo que ha afectado drásticamente sus recursos naturales y su salud. Las personas están siendo afectadas en su condición de vida, por las enfermedades que les han restado su calidad de vida, por lo que muchos han muerto sin ver solucionada sus luchas de hace varias décadas.
Desde hace un tiempo, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, junto a su equipo médico, asiste semanalmente a los residentes en las cercanías de la minera, en un aporte solidario y gratuito de su Fundación. Los pacientes, han sido diagnosticados con enfermedades de la piel por el cianuro que explota a cielo abierto, sus ricos suelos.
Además de las personas, sus animales también están muriendo.
El polvillo que vierten en la presa de cola, penetra a sus casas y no tienen visión, las explosiones constantes no les dejan dormir, porque trabajan 24 horas al día.
No hay agua potable, pero Barrick, les da dos galones de agua por familia, cual si fuera suficiente.
Las calles no sirven, no cuentan con un sub centro hospitalario, la gente se está muriendo.
Otro de los abusos que han denunciado los afectados, es que les están cortando sus cultivos. Las casas más cercanas al proyecto minero, han sido derribadas, les han sometido a la justicia, aun siendo víctimas, teniendo que pagar multas de hasta 40,000 pesos que ante la incapacidad de pagar, ha dejado a mucho en la cárcel con el peso de una medida de coerción que priva su libertad.
La Ley minera prohíbe vivir mínimo a 10 kilómetros de distancia a la redonde y estas personas viven a escasos metros.
Las autoridades no dicen nada desde agosto del año 2016, mientras se está a la espera de una sentencia del Tribunal de Tierras de Cotuí.
Y mientras tanto, se preguntan:
¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el Gobierno central? ¿Puede una compañía extranjera hacer lo que quiera en nuestro país? ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?
