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FBI utiliza el método de Cartas de Seguridad Nacional como herramienta para lograr sus objetivos y proteger ciudadanía estadounidense de ataques terroristas y el crimen organizado


Estados Unidos.- En estos tiempos convulsos en que el terrorismo y el crimen organizado han adquirido protagonismo a nivel mundial, los servicios de inteligencia han venido adoptando métodos más pragmáticos de recopilación de información para combatir las amenazas a la seguridad nacional de manera más efectiva.

Es así que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos (EEUU) es quizás el servicio de inteligencia más preclaro del planeta. Parte del prestigio y éxito del FBI se debe a que este utiliza el método de Cartas de Seguridad Nacional (NSL) para lograr sus objetivos y proteger la ciudadanía estadounidense de ataques terroristas, el crimen organizado y demás amenazas.

Cabe destacar que las NSL son una herramienta de investigación similar a una citación judicial y suelen ser emitidas por el FBI sin una orden de un juez.

Estas permiten al FBI exigir que las empresas entreguen datos sobre el uso de servicios por parte de sus clientes, como registros bancarios, registros de viajes, registros telefónicos y de uso de internet.

El FBI puede ordenar directamente a las empresas que entreguen información sobre sus clientes y luego impedir que divulguen dicha acción, debido a que el proceso es secreto.

Un juez no tiene que aprobar las Cartas de Seguridad Nacional. La única ocasión en la que un juez debe revisar una NSL es si un destinatario presenta una impugnación legal. El director del FBI, el subdirector y los agentes especiales al mando, estacionados en las oficinas de campo del FBI, pueden emitir las NSL.

La realidad sombría representada en el crimen organizado, las amenazas terroristas, la trata de blancas, los ciberataques, los grupos armados, el lavado de activos y otras amenazas al orden internacional, ha servido como elemento reflexivo para que mecanismos como las NSL sean hoy una herramienta necesaria.

Ningún país está fuera del radar del crimen organizado ni está exento de posibles ataques terroristas.

El pasado 22 de abril, el presidente estadounidense Joe Biden promulgó un proyecto de ley que busca reautorizar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).

Esta reautorización de la Sección 702, otorga a las agencias de espionaje de EE.UU. la autoridad para continuar recopilando inteligencia extranjera con un espectro superamplio de captación de comunicaciones.

También, países como España y Francia—que al igual que EE.UU. han sido sorprendidos en estos últimos años por el auge del crimen organizado, el narcotráfico y por ataques terroristas devastadores—han implementado herramientas similares a las NSL. La Policía Nacional de Francia, amparada en una ley de seguridad aprobada en julio de 2023, ya puede investigar sospechosos y criminales reconocidos, activando de forma remota la cámara, el micrófono y el GPS de sus móviles y otros dispositivos.

Se estima que esta ley ha incrementado la capacidad de combatir amenazas a la seguridad nacional en Francia, país que se encamina a recibir más de 100 millones de turistas en este año 2024.

El turismo representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Francia, por lo que es vital para ese país que sus autoridades puedan proteger el turismo y a la vez salvaguardar la seguridad nacional.

LATINOAMÉRICA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

El vertiginoso aumento en Latinoamérica del flujo migratorio irregular, el narcotráfico, el lavado de activos, los ataques cibernéticos y otras amenazas, indica que esta región continuará enfrentando grandes desafíos en materia de seguridad.

El surgimiento de sanguinarios grupos armados en Haití, que hoy controlan la ciudad capital de Puerto Príncipe y aterrorizan y desplazan la ciudadanía haitiana, debe servir de alerta para toda la región.

Al igual que las principales potencias mundiales, los países de Latinoamérica deben adoptar métodos modernos y pragmáticos para combatir las amenazas a la seguridad nacional de manera más anticipada, sistemática y efectiva, siempre y cuando estos métodos se apeguen a los derechos humanos y al marco jurídico de cada país.

POR: RAMÓN COLLADO


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