Por: Ramón Diloné
El otrora dirigente reformista, licenciado Ángel Lockward, es el político dominicano que se ha visto envuelto en más escándalos de corrupción, pero fruto de la impunidad judicial ha salido ileso en casi todos. Sin embargo, ahora, cuando por fin es apresado y sometido a la justicia como parte del entramado de corrupción que el Ministerio Público califica como “Operación Calamar”, acción dolosa mediante la cual los acusados se apoderaron de más de 33 mil millones de pesos, alega que su “dinero es limpio”.
El “Ordeñador” Nacional de Lomé IV, está vinculado al desfalco contra el Estado mediante las apropiaciones de bienes declarados de utilidad pública, el cual encabezan los ex ministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y el Secretario Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, por recibir “miles de millones de pesos” que provienen del robo más grande cometido contra el Estado dominicano desde la fundación de la República Dominicana en 1844 hasta fecha.
El grupo, en general, es acusado de haber incurrido en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, sobornos, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos fruto del pago irregular de expropiaciones de inmuebles.
Además, Ángel Lockward y Agustín Ávila, son acusados de intimidar miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre Pagos y Libramientos elaborados, por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compraventa de terrenos del Estado, así como de conseguir el pago ilegal de las sumas pendientes de entrega a la estructura de corrupción.
Lockward también figura en la lista de nombres de las personas que supuestamente, a través del Ministerio de Hacienda, realizaron procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado y beneficiarse de manera personal, y a la vez, obtener fondos ilícitos durante los períodos 2019-2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y con ese hecho, incurrir en lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña, entre otros delitos.
De manera similar, en el documento se afirma que Lockward y Ávila se presentaron ante Roberto Santiago Moquete, otro imputado, al que ofertan gestionar un pago irregular a través de la estructura criminal de la cual formaban parte.
Los fiscales, por igual, indicaron que en la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la supuesta estructura criminal del exministro de Hacienda Donald Guerrero, utilizando la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro Ma. De la Altagracia Veras, a través de los cuales recibieron la suma de RD$296,637,125 y, a nombre de Mejía Ávila, RD$9,394,526.
El investigado también está relacionado al caso de expropiación de la sociedad inmobiliaria Algodonal S.R.L, en la que recibió una cesión de crédito de más 55 millones de pesos, en calidad de testaferro del investigado Ángel Lockward.
En la Operación Calamar, un total de 209 personas físicas y jurídicas (empresas), incluyendo al economista y abogado Ángel Lockward, a su hijo Ángel George y a su firma de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L, fueron investigados por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por sus vínculos con el fraude que, hasta ahora, va por más de 33 mil millones de pesos contra el Estado.
De acuerdo con el acta de Autorización de Información Financiera dictada por la magistrada Kenya Romero Severino, jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, una investigación realizada por la Contraloría General de la República precisa que algunas personas y empresas fueron beneficiadas por honorarios profesionales, como abogados responsables de algunos procesos y cesionarios, como es el caso de la oficina Ángel Lockward & Asociados, S.R.L , beneficiada con la suma de RD$ 74,181,655.00.
Pero las acusaciones de corrupción contra el “Angelito” de Lockward no son nuevas, vienen desde hace 39 años, debido a que la primera vez que se le somete a la justicia por actos de corrupción es en 1984, año en que va a prisión por la venta de títulos universitarios a falsos médicos de la cerrada Universidad CETEC. Sin embargo, el entonces joven dirigente del Partido Reformista no sufre grandes consecuencias, porque la prisión dura poco tiempo, debido a que el nativo de Puerto Plata sale airoso de la primera acción de “mala fe, de persecución política y de difamación en su contra”.
En 1986, para desgracia del pueblo dominicano, Joaquín Balaguer vuelve al poder y aquí está la razón de todas las desgracias que padecemos hoy. Es así como durante los últimos 10 años de Balaguer (1986-1996), Lockward ocupa varios cargos públicos, entre ellos, el de Ordenador Nacional de los Fondos de Lomé IV, donde, de nuevo, su administración es cuestionada por cometer ciertas “indelicadezas”. La situación es tal, que el ingenio popular cambia el nombre al cargo, por el de “Ordeñador de Lomé IV”.
Para las elecciones de 1996 se distancia, de forma momentánea, de “Balaguer y sus compatriotas”, cuando se constituye el fatídico Frente Patriótico contra José Francisco Peña Gómez y el PRD, pues para entonces, Lockward se identifica con la propuesta perredeísta, pero no tiene ganancia de causa.
Sin embargo, cuatro años después, cuando el PRD con Hipólito Mejía como candidato presidencial, derrota a Danilo Medina y al PLD en las elecciones presidenciales del 2000, Lockward es designado como ministro de Industria y Comercio, cargo en el que dura unos dos años, debido a que, de nuevo, vuelve a verse involucrado en un millonario escándalo de corrupción con los cupones para el subsidio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El “Angelito” tiene que renunciar al cargo porque un grupo aliado al PRD lo acusa de ser el culpable de un fraude por más de 200 millones de pesos en la administración del subsidio al Programa del Gas Licuado de Petróleo durante su gestión como ministro de Industria y Comercio.
El entonces flamante “economista reformista, se siente perseguido de manera injusta”, porque las acusaciones en su contra se deben, según sus afirmaciones de la época, “a la maldad de algunos que ya vienen pagando ante Dios”.
Es en 2007, luego del regreso al poder del presidente Leonel Fernández y el PLD, que el Ministerio Público se querella ante el entonces Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco), contra Lockward y otras 37 personas por ser los responsables de un fraude de más de RD$200 millones, a través del subsidio al Gas Licuado del Petróleo (GLP).
El hoy “prestante abogado”, es detenido por varias horas, pero obtiene su libertad por medio de un recurso de Hábeas Corpus, y así logra tumbar el proceso judicial en los tribunales. En ese mismo año de 2007 se acerca al PLD y al presidente Leonel Fernández, y para las elecciones de mayo de 2008, forma un frente junto a Héctor Rodríguez Pimentel que apoya la reelección del actual presidente de la Fuerza del Pueblo y destructor del aparato productivo del Estado dominicano, doctor Leonel Fernández.
Los resultados de ese proceso electoral constituyen la suerte para que el “Angelito” se pueda librar de la “difamación”, porque Leonel se impone otra vez en mayo de 2008, razón por la que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, ordena el retiro de la querella contra Lockward ante el Depreco. Antes, en 2004, el procurador Víctor Céspedes dice que el expediente en su contra contiene una serie de irregularidades, razón por la que Lockward no solo sale libre, sino que se convierte en abogado defensor de sus compañeros imputados, los que quedan todos libres de cargos.
Los escándalos parecen perseguir a Lockward, porque también en el 2007, el hombre del anillo, Franklin Almeyda Rancier, para entonces ministro de Interior y Policía, afirma de manera pública que no le renovará el permiso de arma de fuego, porque su “historial delictivo lo hace inelegible”. Esta acción desencadena una larga exposición en los medios de comunicación social, ya que el dirigente reformista somete a la justicia por difamación e injuria al funesto ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Lockward demanda a Almeyda al pago de 50 millones de pesos como reparación moral por el atentado contra su reputación del ministro de Interior y Policía, pero, sin embargo, la demanda por los 50 millones no prospera, y pese al pleito, el reformista aliado al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sigue como secretario de Estado sin cartera, bajo el mandato de Leonel Fernández.
Sin embargo, en el 2008 la suerte cambia de nuevo en favor de Lockward, porque el presidente Fernández, en virtud de “sus excelentes condiciones humanas y vasta experiencia profesional”, lo designa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana en Colombia.
En Colombia, entre 2008 y 2010, de nuevo vuelven las acciones de “mala fe contra el difamado Angelito”, debido a las denuncias que se producen sobre la venta de exoneraciones para la importación de vehículos y el uso indebido que hace de la Valija Diplomática el “famoso embajador”, quien niega todo.
Es oportuno recordar que, en el 2009, Ángel Lockward, es condenado por la Suprema Corte de Justicia al pago de una indemnización de dos millones de pesos, por difamar e injuriar al juez José Alejandro Vargas, así como al pago de una multa de 500 pesos. La causa de la demanda es una publicación titulada “Comentando la decisión de un juez deshonesto”. Vargas demanda al “afortunado político” por 300 millones de pesos por concepto de indemnización por las ofensas vertidas en su contra.
La historia de corrupción del “diplomático dominicano” que el gobierno de Leonel Fernández manda a España y a otros países de Europa a hablar de transparencia en el Estado, no para, pues en su corta estadía como embajador de la República Dominicana en Colombia, Ángel Lockward deja varios sinsabores en diferentes sectores, algunos de los cuales creen “en las buenas obras que desarrolla para intentar reconstruir a Haití”, luego del fuerte sismo de 7.3 grados de magnitud, ocurrido el martes 12 de enero de 2010.
Es en ese contexto que, en enero de 2011, un grupo de 34 artistas colombianos y dominicanos, reciben la invitación del embajador para formar parte de un concierto social que busca recaudar fondos para ayudar a los damnificados del terremoto de Haití. Sin embargo, en la actualidad, 12 años después del concierto “Cantemos por Haití”, el cual tiene una convocatoria muy exitosa, aún no se sabe dónde está el dinero recaudado.
Una publicación digital señala que: “La generosidad de los colombianos es tal, que el entonces alcalde de Bogotá, señor Samuel Moreno Rojas, motiva a los funcionarios de su administración para que donen uno de sus salarios, para de esa manera contribuir con la construcción del barrio Bogotá en Haití”. Este sería el nombre del sector donde se edificarían las viviendas a construir con los fondos recaudados en el concierto y las acciones solidarias de muchos colombianos.
El embajador Lockward renuncia al cargo meses después, tras alegar una descortesía diplomática, al no ser invitado al encuentro entre Fernández y el mandatario de Colombia Álvaro Uribe. Sin embargo, la verdad es otra. La realidad es que al embajador dominicano sería declarado persona “no grata” por el escándalo con los fondos recaudados para los damnificados de Haití, unos cinco millones de dólares.
Desde entonces se pierde el rastro de los dineros del concierto benéfico, razón por la que el empresario dominicano Rafael Martínez, solicita al fiscal general Néstor Humberto Martínez, información acerca de la construcción del barrio Bogotá que se debía levantar en Puerto Príncipe, Haití. Esa acción constituye el primer cuestionamiento público sobre si “las buenas intenciones del embajador Ángel Lockward llegaron a sus destinatarios”.
Aunque Martínez interpone una querella penal contra Lockward “por haber intentado cobrar fondos de forma antiética e ilegal”, debido a los resultados del concierto, y por otros hechos, nada pasa. Tampoco se conoce, hasta la fecha, ningún resultado del proceso disciplinario al que es sometido en el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Como se puede apreciar, la carrera política de Lockward es muy controversial, puesto que en todas las instituciones por las que pasa se producen denuncias de corrupción, pero el “difamado Angelito” termina sometiendo a quienes hacen públicos sus actos de corrupción.
Y aunque en los gobiernos de Danilo Medina, el famoso abogado de apellido Lockward no es designado en ningún cargo, el caso del desfalco al Estado mediante el cobro irregular de la apropiación de bienes declarados de utilidad pública vía el Ministerio de Hacienda, el cual es el entramado de corrupción más grande que se conoce en la historia de la República Dominicana , indica que el antes economista y ahora abogado, estaba bien pegado de la “vaca lechera”, pero como siempre, la denuncia es una “difamación”, es una acción de “mala fe”, es “una persecución política”.
Por ejemplo, en la resolución número 0017 emitida en febrero de 2022 por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, en la lista de los 25 libramientos de pagos fraudulentos de expropiaciones de terrenos por más de 19 mil millones de pesos, conocemos el caso que en la lista aparece en el número 7, la expropiación a los sucesores de Jorge Mota, en la parcela 10, del Distrito Catastral No. 10-01, en Boca de Yuma, Higüey, donde Lockward cobra la suma de RD$505, 081,440,51. y los herederos NO reciben ni un chele hasta la fecha.
Entonces, es limpio el dinero de una persona qué ha participado en tantos hechos dolosos, ¿una persona que ha sido tantas veces acusada de actos de corrupción? ¿De qué persecución y difamación habla ese personaje? ¿Cuál es la suerte que tiene ese señor?
