Internacional

Fujimorismo, 25 años de vocación autoritaria


El 5 de abril de 1992 el presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe de Estado en Perú. El partido liderado por su hija tiene la mayoría del Congreso, pero su aprobación disminuye

Hace 25 años el presidente peruano Alberto Fujimori disolvió el Congreso y movilizó a las fuerzas armadas y al aparato estatal con fines corruptos, entre estos la búsqueda de su reelección. También tomó el control de la mayoría de medios de comunicación a través de sobornos, prebendas y asfixia financiera. Hoy, Fuerza Popular, el partido que lidera su hija y heredera política, Keiko Fujimori, tiene la mayoría absoluta en el Congreso, mantiene sus redes con grupos religiosos conservadores, militares en retiro y empresarios, y también su vocación autoritaria. Sin embargo, según una encuesta de la consultora GfK en marzo, un 37% califica el desempeño de la bancada fujimorista como malo o muy malo y solo un 10% de los peruanos se declara fujimorista a ultranza. Fujimori purga una pena de 25 años de cárcel desde 2005 por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

El pasado 7 de marzo congresistas de Fuerza Popular presentaron un proyecto de ley para que los investigados y sentenciados por corrupción no ejerzan cargos administrativos ni editoriales en los medios de comunicación, en un nuevo capítulo de la nefasta relación del grupo político con la prensa. La noche del golpe los militares censuraron los medios y posteriormente el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos pagó miles de dólares a los dueños de canales de televisión para controlar la línea editorial de estos.

Las críticas a la iniciativa de ley fujimorista por parte de políticos, el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Interamericana de Prensa no desanimaron a las parlamentarias Úrsula Letona y Alejandra Aramayo. Tras eliminar del proyecto un par de párrafos, han vuelto a presentarlo el viernes pasado y están a la espera de que la Comisión de Constitución del Congreso lo revise. Consultado el presidente de dicha comisión parlamentaria, Miguel Torres, hijo del ex primer ministro de Fujimori, comentó que no es una prioridad.

La socióloga y expresidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, Teresa Quiroz critica: «La ley se convierte en un instrumento para eliminar a alguien que no se ajuste a sus intereses. Su gran pendiente es el control de los medios, si alguien critica a los fujimoristas es la prensa. Parece haber una continuidad con los años noventa o de querer resucitar ese momento ahora que tienen el poder en el Congreso».

Prácticas clientelistas

El abogado y analista político Luis Pásara define el fujimorismo como «un aparato político que, constituido en torno a la figura del expresidente, se ha valido de los mecanismos tradicionales de clientelismo —asignar puestos, otorgar favores, repartir prebendas— para asegurar lealtades».

Pásara señala que desde los años noventa el fujimorismo no solo atrajo a figuras conservadoras católicas, evangélicas y militares, sino también a empresarios. «En la semana previa a la segunda vuelta de las elecciones de 2016, en diversos directorios empresariales se veía con temor la posibilidad de que ganara Kuczynski porque se le consideraba blando por sus relaciones con la Iglesia, el combate a la discriminación por sexo o por raza, la liberalización en materia de aborto y de homosexualidad, etcétera», afirma. «Los operadores políticos que manejan ahora el Congreso y sus aliados reaccionarios comparten una visión estratégica; unos quieren copar el poder del Estado para disfrutarlo y los otros anhelan imponer una visión del pasado», agrega.

El partido no es monolítico. Perú vive desde febrero en situación de desastre por lluvias e inundaciones, y tanto la hija mayor del expresidente, Keiko Fujimori, como los congresistas de Fuerza Popular visitan a los damnificados llevando suministros. En una de esas ocasiones, Fujimori dijo: «Si fuéramos Gobierno, hubiésemos traído más ayuda». En contraste, el hijo menor del expresidente, el parlamentario Kenji Fujimori, buscó en Palacio de Gobierno a la primera dama, Nancy Lange, para entregar ayuda humanitaria y tomarse una foto que después tuiteó. Según la encuesta de marzo de GfK, el 39% de los ciudadanos aprueba el desempeño de la excandidata presidencial y líder de la oposición, 17 puntos menos que en agosto del año pasado.

Además, la tarde del martes, diez congresistas fujimoristas de la Comisión de Constitución -incluidos Letona y Torres- votaron por la derogatoria del decreto legislativo 1323 aprobado por el Ejecutivo, que añade en el Código Penal, como agravante de delitos, la discriminación de género y de orientación sexual. La norma fue considerada en su momento como un reconocimiento de los derechos de la población LGBTI y la aplicación de instrumentos internacionales que el Estado peruano ha firmado.


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