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Gustavo Montalvo advierte a dueños de loterías que pueden ser perseguidos, de acuerdo al proyecto de ley


Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, advirtió que las bancas de apuestas y juegos de loterías no se han excluidos del ámbito de aplicación del proyecto de ley de lavado de activos que fue aprobado el Senado y que está pendiente de conocer por los diputados, debido a que “el banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio puede ser sometido por este delito.

“Pues toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos.

Dice que el Senado no incluyó como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loterías, debido a que el estándar de Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a 3,000 dólares.

“Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados”, aclaró.

No obstante, cuando un propietario o ejecutivo de una banca de apuestas hace algún tipo de operación bancaria o inmobiliaria se le debe realizar una debida diligencia ampliada debido al riesgo vinculado al alto movimiento de efectivo a sus actividades.

Montalvo, ministro de la Presidencia, manifestó que en la nueva ley, propuesta por el Poder Ejecutivo, se aumentan las infracciones precedentes, incluyendo ahora delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la falsificación y adulteración de medicamentos o los delitos fiscales y medioambientales, entre otros.

Prisión mínima de 10 años

El proyecto de ley de lavado de activos también incrementa las penas y sanciones, al aumentar el tiempo mínimo de prisión a 10 años, para algunas conductas que tipifican el lavado de activos, y a 200 salarios mínimos las multas, duplicando los montos actuales.

“Esta nueva ley nos permitirá ser más efectivos en la persecución de delitos que lesionan el patrimonio público y los bienes colectivos, que el Estado debe tutelar”, sostuvo el funcionario.

El funcionario manifestó que uno de los avances importantes de la ley es la eliminación de las acciones al portador y que “se da plazo para empresas inactivas a regularizar su estatus, para que eviten a que sean utilizadas para actividades de lavado de activos, ocultando el beneficiario final de esas acciones o cuotas sociales”.


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