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Imponen garantía económica y presentación periódica a Bernardo Castellanos imputado por el caso Odebrecht

Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega Polanco, impuso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a Bernardo Castellanos de Moya, imputado número 14 en el caso de soborno y sobrevaluaciones de la empresa Odebrecht.

Ortega Polanco ordenó que Castellanos se presente todos los primeros lunes de cada mes y pague cinco millones de pesos como garantía económica, a través de una aseguradora. Además, le impuso impedimento de salida del país hasta que concluya el proceso de investigación del Caso Odebrecht.

La lectura íntegra de la decisión del juez se produjo a las 5:00 de la tarde, tras un receso en la audiencia contra Castellanos de Moya. Ortega Polanco estimó que en el caso no hay peligro de fuga, de acuerdo con los presupuestos presentados por la defensa.

De igual modo, el magistrado reiteró la complejidad del caso y el plazo de ocho meses que había otorgado al Ministerio Público para desarrollar las investigaciones de este caso. El magistrado impuso, igualmente, presentación periódica todos los lunes contra Castellanos, hasta que termine la investigación. La defensa tiene 20 días para apelar coerción.

La audiencia

Durante la audiencia, que inició puntualmente a las 10:00 a.m., el Ministerio Público leyó la instancia y solicitó al juez la imposición de 18 meses de prisión preventiva, bajo el alegato de que Castellanos de Moya podría fugarse y evadir el proceso. Frente a esto, la defensa de Castellanos de Moya, encabezada por el abogado Marino Elsevyf, rechazó la solicitud de medida, y luego de presentar presupuestos y arraigos, solicitó al juez que no imponga prisión preventiva como medida de coerción. Antes de finalizar la audiencia, el imputado explicó que no tuvo nada que ver con lo relacionado a la hidroeléctrica de Pinalito y que lo único que hizo fue dar su opinión técnica. Indicó que estuvo en Panamá, resolviendo asuntos referidos a su seguridad social en ese país y que posteriormente se desplazó hacia Guatemala a cumplir compromisos laborales.

“Cuando se inicia la construcción de Pinalito ya Bernardo Castellanos no era empleado de la CDEEE y el mecanismo de aprobación de un proyecto por parte de la institución Pinalito, nada tuvo que ver con él”, agregó.

Acusación

Castellanos de Moya es acusado de aceptar sumas de dinero de parte del imputado Ángel Rondón Rijo para la contratación de la construcción de la Hidroeléctrica Pinalito y las adendas I, II y III. Además, es señalado de asociarse, para viabilizar el proyecto, de enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y adquirir fondos producto de la infracción grave del soborno.

El Ministerio Público explica en el expediente, que Bernardo Castellanos y Máximo Leonidas de Oleo Ramírez, exadministrador de la EGEHID del año 2000 al 2004, mantuvieron contacto con el brasileño Heitor De Abreu Azevedo, director de la Constructora Norberto Odebrecht, involucrado en el caso que se sigue en Brasil contra la empresa multinacional.

Además, detalla que el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) en el año 2004, Rafael Genaro Suero Milano, identificó a Heitor De Abreu Azevedo como el enlace para el pago de sobornos a los técnicos y como la persona que se presentó a su oficina y le ofreció la suma de ochenta mil dólares norteamericanos (US$80,000.00) como soborno, según sus propias declaraciones en el interrogatorio que le practicaron los fiscales.

De acuerdo a la instancia, el imputado Castellanos de Moya sólo posee un apartamento de 133.80 metros cuadrados en el Distrito Nacional y la mitad de una parcela de 863.01 metros cuadrados en San Pedro de Macorís, que recibió como herencia.

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