SANTO DOMINGO. – El magistrado Rafael Ciprián dijo que en la República Dominicana hay jueces que buscan congraciarse con el poder para con esto lograr ascendencia en el Poder Judicial, lo que calificó como muy dañino para el país. De igual forma, expresó que la justicia del país debe estar obligada a proteger a los ciudadanos, comprometiéndose con un Estado social, democrático y de Derecho, lo cual es violentado con regularidad por unos cuantos que se parcializan, contrariando sus estatutos internos de imparcialidad e independencia.
Por otra parte, Rafael Ciprián se refirió acerca de la resolución emitida por la Junta Central Electoral que prohíbe el inicio de campaña política a destiempo, basado en el artículo 212.4 de la Constitución, que indica que esta tiene la potestad de colocar limites en lo que a ella respecta y evitar el uso de vallas, afiches, volantes, altos parlantes, caravanas y demás, expresó que estuvo bien aunque consideró que se pueden hacer reuniones o campañas pero bajo techo, sin salir a las calles a imponer el proselitismo.
Entrevistado por el periodista Salvador Holguín y Juan Tomás Taveras en el programa “Ojo Crítico” que se transmite diario por el canal Hilando Fino TV para toda la República Dominicana y el mundo, a través de los sistemas de cables y las redes sociales Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live y Youtube, el juez Ciprián indicó que para el presidente Danilo Medina poder reelegirse para 2020 debe modificar nuevamente la Carta Magna, lo que infiere una perpetuación en el poder o mejor dicho una dictadura, violando la democracia de este Estado libre e independiente.
Finalmente, el referido juez, explicó el concepto de su obra “Derecho Administrativo Constitucionalizado”, la cual plantea especialmente a los abogados, estudiosos, jueces, profesores y fiscales como emplear la Constitución para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos ante los tribunales. Definiendo el Derecho Administrativo Constitucional como el que se encarga de llevar la administración pública a su propia legalidad, respetando la Constitución y el orden jurídico establecido.
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