Madrid.- La jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela citó para los días jueves 2 y viernes 3 de noviembre como investigados al expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y a los otros 13 exconsejeros del su gabinete por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos.
Además, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros.
La jueza fija esa fianza en el auto en el que cita a declarar a Puigdemont y a los 13 integrantes del Gobierno regional que presidía, antes de ser cesados por el Ejecutivo central en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
La magistrada les advierte de que deberán depositar la fianza en el plazo de tres días con la advertencia de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen.
Lamela se hizo cargo de la querella presentada por la Fiscalía por conexión con la causa que tiene abierta por sedición, en la que investiga al exjefe de la Policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero, a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Estos dos últimos están en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, mientras que Trapero y Laplana están en libertad pero con medidas cautelares, como comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable.
Puigdemont se queda en Bélgica por «seguridad»
Puigdemont se quedará de momento en Bélgica por «seguridad» ante las causas judiciales abiertas contra él en España, pero se comprometió a seguir defendiendo la independencia, concurriendo en las elecciones regionales de diciembre convocadas desde Madrid.
«No estoy aquí para pedir asilo político», sino «para poder reaccionar con libertad y seguridad», aseguró Puigdemont en Bruselas el martes, cuatro días después de una proclamación de independencia que acabó siendo meramente simbólica.
En España pesa sobre él y los miembros de su gobierno una querella por rebelión y sedición al liderar este proceso de secesión, delitos penados con hasta 30 y 15 años de cárcel respectivamente.
Si bien aseveró que no «va a escapar de la justicia», no aclaró cuánto tiempo permanecerá en Bruselas: «hasta que haya la amenaza de no tener un proceso completamente garantizado… no habrá condiciones objetivas» para volver a Cataluña, afirmó.
Puigdemont «no está en Bélgica por invitación ni por iniciativa del Gobierno belga», precisó más tarde el primer ministro de Bélgica, Charles Michel. «Será tratado como cualquier ciudadano europeo», con «los mismos derechos y deberes, ni más ni menos», aseguró.
Batalla electoral
Marchándose de la región días después de proclamar la nueva república, Puigdemont cedió sin resistencia la administración regional al Gobierno central español de Mariano Rajoy, que el viernes destituyó a su ejecutivo y adoptó medidas para tomar el control de Cataluña.
Autodenominándose «presidente legítimo de Cataluña», sostuvo que echó el freno para evitar males mayores en su choque con el poder central, incluso violencia en una sociedad cada vez más polarizada.
«No se puede construir la república de todos desde la violencia», dijo, añadiendo: «Si esta actitud tiene como precio ralentizar el despliegue de la república, se tiene que considerar que este es un precio razonable».
«El proceso independentista no está ralentizado, está parado», señaló una fuente del Gobierno español en Barcelona.
De hecho, la declaración de independencia fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional y ni siquiera fue publicada en el diario oficial del gobierno catalán.
Y la anunciada resistencia de los funcionarios catalanes ante las órdenes de Madrid tampoco se concretó. «Las primeras horas indican que la película de terror que nos habían contado no se está produciendo: hay normalidad», afirmó esta fuente.
La batalla política se desplaza ahora al 21 de diciembre, la fecha decretada por parte del gobierno español para celebrar unas nuevas elecciones regionales que Puigdemont aceptó desde Bruselas.
«Las elecciones del 21 son un reto que tomamos con todas nuestras fuerzas», dijo, llamando al Gobierno central a respetar los resultados en caso de victoria independentista.
Según un sondeo del gobierno regional publicado este martes, el paisaje no variará en exceso respecto a las elecciones catalanas de 2015: los independentistas revalidarían su mayoría absoluta en la cámara pero con 45% de votos.
La independencia se desvanece
En una sociedad catalana profundamente dividida sobre la independencia, y con la oposición frontal del Gobierno español y la Unión Europea a la secesión, la proclamación de independencia no se tradujo en nada concreto.
El pretendido «presidente de la república» y seis miembros de su gobierno escaparon a Bruselas. Otros cinco miembros permanecieron en España e incluso se reunieron este martes en Barcelona. Según Puigdemont, continuarán con su actividad «como miembros legítimos del gobierno de Cataluña».
Pero en la región se asentaba la idea del fracaso de dicha declaración, no reconocida por ningún país.
El fracaso lo constató un miembro del gobierno de Puigdemont que dimitió un día antes de la secesión. «Más allá de la declaración de la independencia, tenemos que ir a los hechos», dijo Santi Vila a la radio Rac1.
La recaudación de impuestos, el control del territorio, de los puertos o los aeropuertos sigue en manos del Gobierno español, e incluso la administración regional o la Policía, que se mantuvo hasta ahora en manos de Barcelona.
«Queríamos llevar Cataluña a la preindependencia y la hemos vuelto a la preautonomía», afirmó, acusando de «ingenuidad» a sus excompañeros de gobierno.
No se desvanecía, sin embargo, la acción de la justicia contra los líderes independentistas que impulsaron el referéndum inconstitucional del 1 de octubre y la posterior proclamación de la «República Catalana».
