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La JCE se canta y se llora; aplica una decisión al expresidente Leonel Fernández y otra a Guillermo Moreno

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE), se canta y se llora, tras aplicar una decisión al expresidente Leonel Fernández y otra al presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, después de prohibir todas las actividades proselitistas a destiempo a los partidos políticos.

El 14 de mayo del año en curso la JCE reconoció mediante el acta 09-2018 que no tenía competencia legal para regular las actividades proselitistas de los partidos hasta tanto se realice la proclama oficial anunciando la celebración de las elecciones, esto en atención a un requerimiento hecho por Alianza País. Sin embargo, ahora se contradice evacuando la resolución que prohíbe a las organizaciones políticas realizar actividades proselitistas con mira a las elecciones del 2020.Esta decisión ha sido rechazada por la mayoría de los líderes políticos de la oposición

El pleno explicó que sus labores comienzan 90 días antes de las elecciones, luego que se realiza una proclama oficial dando inicio al certamen electoral.

El pasado 20 de junio la JCE emitió una resolución donde prohibía las actividades a destiempo y pedía al Ministerio de Interior y Policía, las gobernaciones y alcaldías hacer cumplir la disposición.

El acta de la sesión administrativa celebrada por la JCE establece que “la proclama por la cual se anuncie una elección ordinaria deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse, es a partir de ese momento que comienza la aplicación de los reglamentos correspondientes, sin jamás olvidar el carácter transitorio de su contenido tal y como consta en el artículo 6 de la Ley 275-97 y sus acápites”.

“La facultad reglamentaria de la Junta Central Electoral establecida en la Constitución de la República, es un derecho del organismo avalado por las leyes vigentes. La ley Electoral 275-97 dispone el momento del inicio del periodo electoral, pautado por la proclama, prevista en el artículo 87. Toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral”.

La proclama anunciará la clase de elección, la extensión territorial que ha de abarcar, las disposiciones constitucionales o legislativas en virtud de las cuales deba verificarse, la fecha en que tendrá lugar, los cargos que hayan de ser provistos, el periodo para el cual van de serlo y cualesquiera otros particulares que se estimen necesarios o útiles”, dijo el organismo.

Se recuerda, que el pasado 23 de abril mediante el acto de alguacil 908-2018, el excandidato presidencial por Alianza País, Guillermo Moreno, intimó a la Junta a que adoptara medidas contra las actividades proselitistas de los partidos políticos que considera a destiempo.

En el acta de la sesión “reiteramos que los requerimientos contestados son extemporáneos. La legislación electoral y los reglamentos antes citados propenden a garantizar la celebración de procesos electorales que, tal y como dispone el párrafo IV del artículo 212 de la Carta Magna, deben realizarse con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. Y la responsabilidad está a cargo de este órgano con plenos poderes y la imprescindible independencia para velar por el irrestricto cumplimiento de sus obligaciones”.

Dice que hasta tanto se inicie el proceso electoral puede redistribuir los diputados y diputadas en el Distrito Nacional y las provincias para las elecciones del 17 de mayo 2020 tal y como lo hizo recientemente. También dictar el reglamento sobre la distribución de las contribuciones económicas del Estado a los partidos y el reglamento que establecen las normas contables para el manejo de estos recursos, al igual que de los ingresos provenientes de otras fuentes.

El acta de la JCE está firmada por su presidente, Julio César Castaños Guzmán; los miembros titulares Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos, el suplente de miembro en funciones, Juan Bautista Cuevas y el secretario general, Ramón Hilario.

 

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