Por: Juan Bolívar Díaz
Lo que tiene en dificultades al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es una sórdida y adelantada lucha por el predominio de la corriente gobernante empeñada en cerrar definitivamente las posibilidades de que el expresidente Leonel Fernández obtenga la candidatura presidencial para el 2020 y pueda retornar al poder.
Aunque el presidente Danilo Medina tiene el control de una gran mayoría del Comité Político de su partido, un conjunto de factores políticos e institucionales le dificultan imponer las elecciones primarias con padrón electoral abierto como es su preferencia, por lo que Fernández aprovecha para lanzar mover su proyecto “RD-2044”.
Prolongada indecisión
Una vez más el Comité Político del PLD no pudo lograr acuerdo sobre lo que para algunos es fundamental en el proyecto de ley de partidos, obligar a todos a elegir sus candidatos con el padrón general de ciudadanos. Como es característica en ese partido, no hubo confrontación abierta, pero quedaron bien claras las diferencias y los protagonistas. También que alrededor de dos terceras partes de los 34 titulares del organismo respaldan la posición del presidente Danilo Medina, que es ahora quien reparte los sobrecitos, como diría su antecesor.
Pero a pesar de una proporción tan alta a favor de la posición oficial, no se decidió otra cosa que reenviar el caso ante una novedosa instancia, un consejo de unos cinco expertos constitucionalistas que dirían si la obligatoriedad del padrón abierto estaría acorde con la Constitución de la República.
El mayor obstáculo que frena los ímpetus es que ya la Suprema Corte declaró inconstitucional en el 2005 la “Ley de Primarias” 286-04 que establecía la elección simultánea de los candidatos de todos los partidos, bajo responsabilidad de la JCE y con padrón abierto.
Como la desconfianza ya es pauta, ahora muchos se preguntan quién tendrá la última palabra en la integración de ese consejo de sabios constitucionalistas, con el problema de que varios de los más reconocidos en esa materia están ya en funciones oficiales, como Olivo Rodríguez Huerta embajador en España, y otros, como Eduardo Jorge Prats, son consultores de organismos estatales. Habrá quienes no se sentirían cómodos en una tarea difícil con el gobierno tratando de ignorar una sentencia de inconstitucionalidad sobre la materia en disputa.
Dentro del danilismo hay quienes quisieran pasarle el rolo al temido “vengativo Leonel Fernández”, pero el repartidor Medina no se caracteriza por dejarse dominar de la emotividad y debe reconocer que el escenario nacional no favorece su posición, porque se ha generalizado el rechazo a las primarias obligatorias con padrón abierto.
De hecho cada semana son más los sectores que se pronuncian al respecto, muchos sin entender por qué se ha podido convertir en fundamental tal obligatoriedad, cuando en apenas un puñado de naciones democráticas se ha impuesto tal mecanismo de elección de candidaturas. Ante una pregunta en el telediario Uno+Uno, Felucho Jiménez reconoció haber sido portador de la sugerencia de que se aprobaran las primarias dejando a cada partido escoger el tipo de padrón, en cualquier caso con verificación de la Junta Central Electoral. Adujo que lo rechazaron. De hecho el proyecto de ley establece, y eso fue consensuado, que cada partido tendrá que someter su padrón a la JCE y actualizarlo en febrero de cada año.
El padrón abierto no tiene el apoyo completo de ningún partido, pues divide tanto al PLD como al PRD, que es el segundo que oficialmente lo ha apoyado. La oposición encabezada por el PRM y el PRSC, ha militado en contra, advirtiendo que su imposición implicaría una crisis institucional y que lo llevarían a los órganos constitucionales. El Foro Permanente de Partidos, que agrupa a una docena de aliados del PLD, también ha rechazado la imposición, lo mismo que las instituciones sociales y hasta empresariales.
Pero el mayor obstáculo que frena los ímpetus es que ya la Suprema Corte declaró inconstitucional en el 2005 la “Ley de Primarias” 286-04 que establecía la elección simultánea de los candidatos de todos los partidos, bajo responsabilidad de la JCE y con padrón abierto. Y la sentencia 023-2017, del 27 de septiuembr4e pasado, sobre un conflicto en el PRSC planteó que lo “legal, lógico y democrático” es que sean los delegados de cada partido quienes escojan sus candidatos, validándolo en “la facultad de libre autodeterminación de los partidos” establecida en el artículo 216 de la Constitución.
Ultimo chance de Leonel
Como no se ha indicado plazos, para la constitución del consejo ni para que evacuen sus conclusiones, el reenvío parece sin tiempo limitado, quedando en el aire el trabajo de la Comisión Congresual Bicameral que estudia el proyecto, en teoría sujeta a los plazos reglamentarios hace tiempos vencidos. De hecho esa comisión está en receso hace más de un mes, subordinada a la voluntad de la cúpula del partido gobernante. Pero al fin de cuentas el proyecto de ley de partidos se ha discutido a lo largo de los cuatro períodos que el PLD ha agotado en el poder, además del de Hipólito Mejía, en un interregno.
Cerco muy generalizado
Leonel Fernández advirtió los riesgos institucionales del padrón abierto en la reunión del Comité Político, fundándoseo básicamente en lo constitucional y evadiendo confrontar la posición del grupo gobernante. Más confrontativo ha sido el doctor Franklin Almeyda, de los principales fundadores del PLD. Mientras legisladores y dirigentes que hablan bajo reservas, advierten que la propuesta se sazona con ingredientes antileonelistas.
Un activo diputado confió que “Leonel sabe que no puede dejarse atrapar ni vencer como cuando la reforma constitucional que permitió repostular y reeligir a Danilo, porque sería el final de su liderazgo”. Es la razón por la que la noche siguiente a la infructífera reunión de la cúpula, el expresidente estaba en Barahona, con sus files, promoviendo su proyecto “República Dominicana 2044”, año hasta el cual debería gobernar el partido morado para completar la obra de salvación nacional, según lo proclamó el mismo Leonel en el 2010.
La oficina de prensa de Leonel Fernández distribuyó una información del acto de martes 3 en Barahona, indicando que asistieron representantes de los sectores empresariales, académicos, comunitarios, políticos y funcionarios provinciales y municipales. Agregó que allí se presentó todo “un vasto conjunto de infraestructuras” contempladas para la provincia de Barahona en el “proyecto RD-2044”. La promoción de la precandidatura de Fernández comenzó hace meses en reuniones similares y en las redes sociales. El ex senador Bautista Rojas y el ex procurador general Radhamés Jiménez, aparecen entre los principales animadores.
Liquidarían los partidos
En privado, un veterano izquierdista aconsejaba que no se hiciera tanta oposición al establecimiento de las primarias obligatorias simultáneas, con padrón abierto, “para ver si esos partidos corruptos se acaban de joder”, convencido de que potenciarían a los lúmpenes y traficantes para determinar candidatos en todos los niveles, desde la presidencia a las regidurías.
La compra de votos que se practica hace tiempo en la elección general se extendería a la primaria, o de candidatos. En congresuales y municipales, donde se pueden definir candidatos por cientos y hasta decenas de votos, los traficantes de toda laya y los administradores estatales podrían comprar miles de votos para vencer a sus propios compañeros de partido.
Mil votos a mil pesos, solo costarían un millón de pesos, suma apenas inicial para buscar una candidatura a regidor. Y el mercado de compra estaría en dos tercios del padrón que en el 2020 andaría sobre 7 millones. El promedio de votantes en las Congresuales y municipales separadas apenas pasaba del 50 por ciento.
Si se trata de candidaturas presidenciales las complicaciones serían mucho mayores, pues 100 mil votos comprados a mil pesos sólo costarían 100 millones de pesos, lo que gastan algunos candidatos a senadores y a alcaldes. Con la adición de que el control de los poseedores de tarjetas de los programas sociales del gobierno sería otra fuente de obtención de votos, que podrían ser no sólo para el precandidato favorito en el propio partido, sino también para el preferido en el contrincante.
Agréguese el caos en que devendría el cómputo de los votos de cada uno de unos 48 mil precandidatos en cuatro boletas separadas por los partidos mayoritarios. En el 2016, la JCE pasó dos semanas para computar los votos preferenciales para 190 diputados, con menos de 2 mil candidaturas.
