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Ley de Partidos Políticos: Cuento de nunca acabar… (1 de 3)

Por: David Ricardo Brens

El dieciséis de mayo del año 1994, día de la celebración de las elecciones nacionales para elegir al Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados; Síndicos y Vice-Síndicos, Regidores y sus suplentes, la clase política y la sociedad dominicana se llevaron la sorpresa de la comisión de un fraude electoral colosal producido contra el principal candidato de la oposición y, a favor del candidato oficialista, que optaba por una segunda reelección.

Ese hecho singular que provocó una crisis política y social post-electoral, fue el resultado de que los dominicanos no contábamos con un aparato jurídico electoral idóneo, que nos permitiera realizar elecciones limpias, serias y creíbles; contar con un padrón de votantes saneado y actualizado, donde los muertos no se levantaran de sus tumbas el día de las elecciones para ir a sufragar por el candidato oficialista.

Las consecuencias jurídicas y sociales surgidas pasadas las elecciones de mayo de 1994, fueron las que resultaron de la elección de una Junta Central Electoral compuesta e integrada por tres jueces que obedecían a los lineamientos del Palacio Nacional y de la cúpula gobernante en ese momento.

La falta de una Ley Electoral que presentara garantías mínimas a los actores del sistema de partidos, que post la crisis del 94 participaría en las elecciones generales, fue la gran preocupación de los líderes políticos y de agrupaciones políticas de la época.

El principal líder de la oposición, Dr. José Francisco Peña Gómez, candidato presidencial por el PRD llevó la voz cantante, tanto a nivel nacional, como a la comunidad internacional en su condición de alto dirigente de la Internacional Socialista y de las buenas relaciones de que gozaba este gran líder a nivel internacional.

Es a raíz de la culminación de las elecciones del año 1996, en la que surge electo presidente el Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, que a iniciativa de los partidos políticos y las presiones ejercidas por el PRD y el Dr. Peña Gómez a través de Tribuna Democrática y los escenarios internacionales; el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América y los embajadores Robert Pastorino y Donna Jean Hrinak, y parte importante de la Unión Europea, que se aprueba una nueva Ley Electoral, la número 275-97, para regir las elecciones en la República Dominicana.

Si bien es cierto, que para su tiempo esta normativa electoral era innovadora y moderna, ya que por primera vez se verían las figuras de colegios electorales cerrados, voto preferencial, voto en el exterior, mayores oportunidades de participación para las mujeres, listados de concurrentes, conteo manual y confección de acta de mesa electoral, no menos cierto es que en la actualidad la ley 275-97, es una legislación electoral anquilosada, que ha perdido su sentido de aplicación, ya que los tiempos modernos y la tecnología la hacen obsoleta y su vigencia y permanencia más bien lo que crearía es crisis e inconvenientes al momento de llegar las elecciones y en el desarrollo de la misma.

Si en el Congreso Nacional-de mayoría Peledeísta Oficialista-, no se aprueba una ley electoral y de partidos políticos, los dominicanos no tendremos garantías de elecciones limpias, diáfanas, transparentes y creíbles en el 2020, ya que la normativa actual no expresa reglas claras en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, los recursos que reciben los candidatos a los diferentes cargos electivos, la participación igualitaria del hombre y mujer en las elecciones y en los puestos dirigenciales de las agrupaciones políticas.

Estamos ante un gran dilema en cuanto a la aprobación de una ley de partidos políticos y agrupaciones electorales, que nace fruto de la disidencia existente de dos de los principales líderes políticos que dirigen el país. Si estos no se ponen de acuerdo y sobreseen sus apetencias personales, entonces es claro que el país y la sociedad vivirá por mucho tiempo de crisis en crisis en los procesos eleccionarios en que se involucre, las reglas electorales no estarán claras y el clientelismo normara los procesos electivos en la República Dominicana.

Es tiempo de dejar los egos, los endiosamientos, la megalomanía y las ambiciones de poder y control del Estado y las Instituciones políticas que ejercen nuestro principales líderes y actores políticos. Un consenso donde estén representadas todas las fuerzas sociales y políticas, así como todos los partidos legalmente reconocidos se impone a fin de que de una vez y por todas nuestro país disfrute de un nuevo ordenamiento legal electoral. Abogamos pues porque la clase política nacional dé el primer paso y el ejemplo de civismo.

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