Santo Domingo.- Antes de vencerse el plazo convenido para la presentación de la acusación sobre el caso Medusa, el ministerio público depositó su instancia ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras haberle agregado más de 35 nuevos imputados, más de 20 empresas, superando a 3,000 el volumen de pruebas.
El expediente fue depositado por la procuradora de Corte Luis Liranzo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el pasado sábado a las 11:42 de la noche, junto a un equipo de fiscales de ese departamento.
La acusación en contra de los imputados, cuyo principal involucrado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, durante el período 2016 -2020, incluye lavado de activos, estafa al Estado, el desfalco, asociación de malhechores, con sus agravantes, coalición de funcionarios, prevaricación, entre otras normas.
El expediente, tan pronto depositado, fue guardado bajo llave en el despacho de un juez del juzgado de Atención Permanente que funciona como tribunal transitorio, esto porque quien tiene que apoderar a un tribunal la acusación es la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, la jueza Kenya Romero.
Tan pronto el expediente llega a su despacho la jueza manda hacer un inventario de las piezas depositadas y mediante sorteo aleatorio computarizado apodera del expediente a uno de los jueces del juzgado de instrucción para que conozca el juicio preliminar en contra de los encartados.
La acusación refiere que un ingeniero que figura como testigo, cuyo nombre no identificado, narró en de detalles todo el proceso para la adjudicación de los lotes de construcción del Plan de Humanización de la Procuraduría, incluyendo el pago del 20 % de “extorsión” por parte de las empresas a las que se les adjudicaron la construcción de la Nueva Victoria.
Canó y los contratistas
Sostiene que el imputado Rafael Canó, exjefe de gabinete de la Procuraduría, ahora detenido en España, para fines de extradición a República Dominicana, quería que ese pago fuera del primer desembolso y se negaba a recibir a los contratistas.
De acuerdo con el ingeniero, los contratistas le pidieron que intercediera, por lo que procedió a hablar con Jonathan Rodríguez Imbert, el exdirector administrativo, ya que Canó no quería ver a ningún contratista.
En esa ocasión, relató que se reunió el exjefe de gabinete de la Procuraduría, donde le pidió que flexibilizara con ese tema del pago de lo que para él era una extorsión. “Entonces se negoció y ellos flexibilizaron, y la suma que cada contratista fue pagando fue negociada por cada contratista de manera independiente “aduce la acusación.
