Santo Domingo. – El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el Director General de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, confirmaron que el gobierno del presidente Danilo Medina pagó asesoría al mafioso publicista brasileño Joao Santana y su esposa Mónica Moura en el período 2012-2016, luego de este haber renunciado a la campaña reeleccionista del mandatario.
Los funcionarios Peralta y Marchena dijeron que el Gobierno siempre ha actuado apegado a las leyes del país y que con la denuncia y solicitud de información por parte de diputados del Partido Revolucionario Moderno -PRM-, solo que busca sacar provecho político.
Sin embargo, la diputada Faride Rafúl presentó documentos de varias instituciones en las que confirma que sí le fue pagado a Joao Santana y su esposa 1,400 millones de pesos por concepto de contratos para hacerle publicidad al Gobierno.
Los políticos palaciegos indicaron que “de esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano”, expresan los funcionarios.
Revelaron que las empresas a las que se les pagó la suma de (RD$430,506,711.17) fueron a CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016.
Sostuvieron que “los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que éstas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares”.
Se recuerda que, En junio pasado, los publicistas João Santana y Mônica Moura fueron absueltos por el juez Sergio Moro, en Brasil, de los crímenes de corrupción, pero fueron condenados por 19 actos de lavado de dinero.
Según publica el periódico brasileño Folha de Sao Paulo, la condena es de cinco años de reclusión, pero cumplirán cuatro años y seis meses en razón de su colaboración con la justicia.
El matrimonio fue condenado a un régimen cerrado, inicialmente, por 160 días, descontando seis meses que ya cumplió en 2016. Después, serán cuatro años de prisión domiciliaria, con uso de un dispositivo electrónico.
