La tecnología de consumo ha desembarcado en el sistema educativo. Tabletas, ordenadores, teléfonos móviles. Aparatos electrónicos conectados a internet que utilizan millones de personas y que cada vez más se encuentran en las aulas. Ahí es donde grandes empresas del sector han puesto sus miradas para desarrollar plataformas de aprendizaje. Un negocio al alza que puede verse afectado por un conflicto legal. El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, presentó el pasado jueves una demanda contra Alphabet, matriz de Google, alegando que el gigante de internet recopiló información personal de estudiantes sin permiso.
El informe, al que tuvo acceso «The New York Times» la pasada semana y publicado por «El Mundo» este martes, apunta a que estas actuaciones pueden «violar derechos de privacidad» de los estudiantes. Balderas ha apuntado que el gigante de internet utilizó sus principales productos digitales como el gestor de correo electrónico Gmail, el calendario y el servicio de almacenamiento en la «nube» Drive para recopilar información de estudiantes menores de 13 años en colegios del país sin el consentimiento de los padres.
«Las consecuencias de hacer seguimiento por parte de Google no son exageradas. Los niños están siendo supervisados por una de las mayores empresas de minería de datos del mundo, en la escuela, en sus casas, a través de los dispositivos móviles, sin su conocimiento y sin el permiso de sus padres», relata el informe. En la última década, Google se ha convertido en la principal marca tecnológica en las escuelas públicas estadounidenses, superando a empresas rivales como Apple y Microsoft al ofrecer una serie herramientas fáciles de usar y, sobre todo, a precios bastante accesibles.
La demanda estima que en la actualidad más de la mitad de las escuelas públicas de Estados Unidos, además de un impacto de 90 millones de estudiantes y docentes en todo el mundo, utilizan este tipo de aplicaciones gratuitas de Google Education para fines educativos. Y unos 25 millones de alumnos y profesores también usan Chromebooks, ordenadores portátiles que funcionan con el sistema operativo Chrome desarrollado por la compañía.
Grupos activistas de defensa de la privacidad como Xnet han estado desde hace tiempo instando a las instituciones a que la firma estadounidense utilizaba sus productos educativos para rastrear a millones de escolares sin detallar adecuadamente sus prácticas de extracción de datos. El texto del Fiscal General se basa en que el tratamiento de datos de menores que lleva a cabo Google en su servicio Suite para educación «podría entrar en conflicto» con la «especial protección» que confiere la COPPA (Ley de Protección de la Privacidad por Internet de los Niños, por sus siglas en inglés) para datos de menores.
«No utilizamos información personal de usuarios en las escuelas primarias y secundarias para fines publicitarios»
Fuentes de Google han negado a ABC que se trate de una demanda con fundamento jurídico: «Estas alegaciones parten de hechos que no son ciertos. GSuite for Education permite a los colegios controlar el acceso a cuentas, y les requiere que busquen el consentimiento paterno cuando sea necesario». Las mismas fuentes apuntan que los usuarios son los que tienen el control de los servicios digitales: «No utilizamos información personal de usuarios en las escuelas primarias y secundarias para fines publicitarios. Los colegios son los que al final deciden cómo sacarle el máximo provecho a Google for Education en sus aulas, y estamos comprometidos a trabajar con ellos».
«Será importante poder probar todas estas circunstancias, dada la especial vulnerabilidad de los menores»
«En particular, se afirma que Google fomenta el uso de esta herramienta para realizar un seguimiento de los estudiantes, sin que se pueda verificar el consentimiento paterno, incluso más allá del entorno educativo, alcanzando el ámbito privado, utilizando dichos datos para realizar un perfilado de los usuarios que posteriormente se podría utilizar para publicidad», apunta en declaraciones a este diario Sergio Carrasco, jurista experto en derecho digital en Fase Consulting. En su opinión, «será importante poder probar todas estas circunstancias, dada la especial vulnerabilidad de los menores, y en particular la necesidad de contar con consentimiento de sus padres o de quien ostente su tutela».
Fuente: ABC Tecnología
